La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó que haya habido «ejecuciones extrajudiciales» y una «masacre» contra los manifestantes que salieron a las calles en las protestas antigubernamentales a inicios de este año, como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe.
La jefa de Estado declaró que «como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión».
Sin embargo, puntualizó que rechaza «la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas».
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, la CIDH afirma que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo «estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza».
Asimismo, denuncia que en la ciudad andina de Ayacucho hubo casos de «ejecuciones extrajudiciales» que «habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos».
Boluarte explicó que las muertes ocurridas en las protestas se están investigando en los organismos judiciales correspondientes y que es «importante» que estas pesquisas avancen con celeridad para encontrar responsabilidades.
Por su parte, el primer ministro, Alberto Otárola, señaló que «no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú».
Boluarte saludó que el documento de la CIDH sea firme al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el Estado de derecho en dicha fecha.
Recalcó que el Estado respeta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son para el Gobierno «pilares fundamentales» y que por este motivo nada más comenzar las protestas en diciembre de 2022 invitaron a la CIDH al país para que evaluara la situación.
La difusión del informe de la CIDH generó reacciones airadas de los legisladores más conservadores, como la primera vicepresidenta del Congreso, la fujimorista Martha Moyano, quien tachó de «sesgado» el documento de la comisión.
«Yo personalmente no le haría caso, simple y sencillamente, no lo tomaría en cuenta», declaró a la prensa Moyano, después de admitir que las conclusiones de la CIDH no le asombran porque, aseguró, esta institución «es sorda» para países como el Perú.
En tanto, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, opinó en Twitter que Perú «debe retirar todo fondo» a la CIDH «en tanto no se garantice una composición más plural y democrática que defienda los derechos humanos de todos sin excepción».
El exmilitar y congresista José Cueto, también de Renovación Popular, fue uno de los más duros contra el informe de la CIDH, pues dijo que «está todo sesgado» y criticó que «no se habla de los muertos generados por los bloqueos» de carreteras o de la toma de aeropuertos por los manifestantes. EFE
