Una relativa calma vivía Ecuador en las primeras horas de este jueves, un día después de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolviese la Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiese la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
Las actividades públicas y privadas, así como las educativas y financieras se desarrollan con normalidad en todo el país, mientras la sede la Asamblea Nacional (Parlamento) mantiene custodia de las fuerzas del orden desde el miércoles.
Este jueves, la Policía ha permitido el acceso de personal administrativo de la Asamblea Nacional para retirar sus pertenencias, mientras que se prevé que lo propio podrán hacer los exlegisladores desde el lunes venidero.
El sistema de transporte local, provincial y nacional funciona con total normalidad, e incluso se mantiene la restricción de circulación en la capital de automóviles dependiendo del número final de la placa, como de costumbre.
Los aeropuertos, hospitales y otras casas de salud, así como los servicios públicos también funcionaban con absoluta normalidad en las primeras horas de este jueves.
«MUERTE CRUZADA»
El conservador Lasso recurrió el miércoles en medio de un juicio político en su contra a la herramienta constitucional de la «muerte cruzada», por la que disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, y adelantó las elecciones generales.
Cuando estaba a punto de llegar al ecuador de mandato presidencial, Lasso, que fue elegido presidente en las elecciones de 2021, decidió no esperar al resultado de la votación de la moción de censura, que se llevaría a cabo en la Asamblea, promovida por la oposición, que tiene al correísmo como primera fuerza, y que lo acusa de un supuesto delito de peculado (malversación).
De esta forma, Lasso sacrificó la segunda mitad de su mandato a cambio de evitar una posible destitución bajo una acusación de corrupción en unos contratos de transporte marítimo de petróleo con condiciones supuestamente perjudiciales para el Estado, como según sostiene la oposición, y que el gobernante rechaza.
Para aplicar la «muerte cruzada», Lasso adujo «grave crisis política y conmoción interna».
«Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que, lamentablemente, cada día se profundiza», dijo Lasso en el inicio de su mensaje.
En su discurso, Lasso culpó a la oposición de entorpecer desde el inicio de su mandato la gobernabilidad del país, sumido en una crisis de inseguridad por parte del crimen organizado, y haber querido sacarle del poder en cuatro ocasiones.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
El expresidente Rafael Correa aseguró que la aplicación de la «muerte cruzada» en medio del juicio político de censura es ilegal, y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, habló de un «auto golpe» de Estado.
El correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político contra Lasso, rechazaron que exista una grave crisis política e interna y cuestionaron la legitimidad del movimiento de Lasso, al que acusaron de usar la «muerte cruzada» para evitar una probable destitución.
Mientras los jueces Pablo Herrería Bonnet y Jhoel Escudero Soliz de la Corte Constitucional dan trámite a pedidos de inconstitucionalidad al decreto por el que Lasso disolvió el Parlamento interpuestos por la oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la preparación de las elecciones anticipadas.
Las nuevas elecciones se celebrarán en un plazo de 90 días, según anticipó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y las autoridades elegidas completarán el periodo 2021-2025, con posibilidad de que Lasso se presente a la reelección, aunque aún no ha anunciado nada al respecto.
Iza, cuyo brazo político es Pachakutik, convocó a sectores sociales a una «Asamblea popular» para «encarar el modelo dictatorial» que pueda aplicar Lasso en este periodo, lo que puede implicar protestas.
Ante esas posibles protestas, el ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió este miércoles que la Policía sólo actuará «si el orden constituido se viera afectado». EFE
