Tres instituciones han iniciado investigaciones en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado, a quien acusan de plagiar más del 40 % de su tesis de grado para la obtención de su título de abogada.
Ayer, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) citó a la autoridad a una audiencia pública para que explique las acusaciones en su contra; además, la Universidad Central le realizará una auditoría académica; mientras que el Consejo de la Judicatura intenta destituirla.
En los tres casos, el pedido de indagación provino de colectivo Acción Jurídico Constitucional, liderado por Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado por abuso sexual, en cuyo proceso participó la autoridad a la que buscan destituir.
Schettini explicó que, a nivel del Consejo de la Judicatura presentó una queja por una falta “gravísima” que, según el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece la suspensión temporal y posterior destitución del funcionario judicial que haya entregado información falsa en su concurso de méritos y oposición.
Adicionalmente, en el CPCCS se solicitó una audiencia pública en la que se expondrán los supuestos hallazgos detectados en la tesis de la fiscal, la cual se realizará el próximo viernes a las 10:00.
Mientras que, en la Universidad Central se pidió que se revoque el título de doctora en Jurisprudencia de Diana Salazar.
Fernando Sempértegui, rector de la institución educativa informó sobre la conformación de una comisión de auditoría académica que investigará el supuesto plagio.
Amenaza
La noche del lunes, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), citó al pleno para analizar el informe emitido por al subdirector de la entidad, Liberton Cueva, en el que recomendaba la apertura de un expediente disciplinario en contra de Diana Salazar, su suspensión por tres meses y su posible destitución, si se llegan a probar las irregularidades denunciadas en su tesis de grado.
Finalmente, el pleno no se instaló por falta de quórum, solo Terán y el vocal Fausto Murillo acudieron, mientras que los tres vocales investigados por la Fiscalía: Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, no se presentaron, los dos primeros son indagados por tráfico de influencias y el último por lavado de activos.
Desde el CPCCS su presidente, Alembert Vera, lanzó una advertencia, si la fiscal Salazar no acude a la comparecencia pública el próximo viernes, podría ser destituida, pues, según la autoridad, se estarían vulnerando los derechos de participación de los ciudadanos que la citaron.
Pero Vera no se quedó solo en la acusación por el supuesto plagio de la tesis, pues señaló que Salazar también debería ser investigada por la serie de allanamientos que ha ordenado en contra de funcionarios.
“En los últimos meses hemos vivido los allanamientos a Carondelet, al Consejo de la Judicatura, a casas de personas civiles, familiares de aquellos. La Fiscalía no puede allanar cualquier domicilio”, dijo Vera. Quito.-
“Solo puede destituirme la Asamblea”
Ante las amenazas que la fiscal Diana Salazar recibió de los Consejos de Participación y de la Judicatura, ella puntualizó que la única institución que la puede destituir es la Asamblea Nacional, que está cesada, por lo tanto, advirtió que, si llegan a quitarle el cargo, acusará a los responsables del delito de usurpación de funciones.
El constitucionalista Ismael Quintana concuerda con la posición de Salazar, pues señaló que la fiscal general no está sometida al control disciplinario del CJ, por lo tanto, si los vocales insisten en sancionarla, podrán ser procesados penalmente.
En cuanto a audiencia convocada por el Consejo de Participación, el experto puntualizó que la ley no contempla sanciones en caso de que Salazar no asista. (ASM)-(I)
DATOS
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instituciones investigan a la fiscal general del Estado por el supuesto plagio del 40 % de su tesis de grado.
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denuncias fueron colocadas por Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, sentenciado por abuso sexual.
- La Federación Nacional de Abogados rechazó el intento del CJ de arrogarse funciones que no tiene y apoyó a la fiscal.
