Según el juez, la Fiscalía no logró probar el delito de peculado del que se acusaba a 18 personas, incluidos dos exministros de Defensa del correísmo.
Luis Antonio Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sobreseyó a los 18 procesados por la supuesta compra irregular de siete helicópteros Dhruv, entre quienes se encontraban exministros de Defensa, funcionarios del Gobierno de Rafael Correa y directivos de la empresa que comercializó las aeronaves. El magistrado ha sido duramente criticado, pues tendría un conflicto de interés por el que se debió excusar de tratar el tema.
La voz de alerta la dio Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quien fue asesinado tras cuestionar la compra de los helicópteros. Antes de que el juez emita su fallo, anticipó, a través de sus redes sociales, que Rivera debería haberse excusado, pues fue funcionario del régimen correísta y de una entidad directamente relacionada con el caso.
“Con qué autoridad moral el juez Rivera dictará una verdadera justicia en el peculado en la compra de los helicópteros Dhruv, En 2013 fue abogado de la Secretaría de Transparencia de Gestión, cuando todavía formaba parte del Comité Interinstitucional que creó Correa para investigar el caso Gabela”, advirtió Patricia Ochoa.
Además, según la viuda de Gabela, el magistrado previamente había tomado resoluciones a favor de los procesados por este caso. “Ya demostró este juez su imparcialidad cuando levantó las medidas cautelares a un general que estaba en servicio activo y le permitió salir del país”, dijo.
Según la hoja de vida de Rivera, fue abogado investigador de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, que investigó el asesinato de Gabela; además, fue director del Consejo de la Judicatura en Los Ríos, cuando la institución era dirigida, a nivel nacional, por Gustavo Jalk, cercano al expresidente Rafael Correa.
También fue observado por formar parte del Tribunal que declaró la nulidad del caso Singue, que benefició al exvicepresidente Jorge Glas y a dos exministros de Hidrocarburos del correísmo, Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.
En cuanto el juez emitió el fallo, la fiscal general, Diana Salazar, apeló, de forma oral, la decisión que benefició a los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, y a los excomandantes de la FAE, Rodrigo Bohórquez y Leonardo Barreiro. La apelación será analizada por un juez de la misma CNJ.
Una década de investigación
La supuesta compra irregular, que según la Fiscalía le causó un perjuicio al Estado por USD 66 millones, es investigada desde el 2009, pero en 2016 fue archivada por el exfiscal general Galo Chiriboga. En 2020 la causa fue reabierta por la actual fiscal Diana Salazar.
En la actual etapa, la audiencia preparatoria de juicio se realizó en julio del 2022 y casi un año después el juez Rivera tomó su resolución. La demora, según explicó, se debió a la complejidad del caso y a los más de 200 cuerpos procesales que posee.
