Autoridades, instituciones y gremios patronales de Perú han comenzado a prepararse ante el anuncio de que la próxima semana se presentarán nuevas protestas antigubernamentales, principalmente con movilizaciones en Lima y las regiones del sur del país.
Las primeras medidas fueron anunciadas por dos universidades públicas de Lima, que este jueves decidieron suspender las actividades en sus campus en prevención de estos puedan ser ocupados o afectados durante las protestas, tal como sucedió hace unos meses.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cerró su campus «por medidas de seguridad y en prevención de contingencias», después de que grupos de estudiantes convocaran a un plantón de protesta para este 14 de julio de 2023.
La ciudad universitaria sirvió de alojamiento a cientos de manifestantes que llegaron de varias regiones del sur del país en las protestas realizadas a inicios de año, los cuales fueron desalojados por la Policía en un operativo que generó gran controversia después de que las puertas del centro de estudios fueran derribadas con tanquetas.
Por otra parte, la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuyo edificio principal está en el centro histórico de Lima, anunció que las clases y exámenes programados para la próxima semana en sus múltiples sedes se realizarán en forma virtual.
Los gremios empresariales también han manifestado su rechazo a esta manifestaciones, ya que consideran que pueden generar caos y afectarán seriamente la economía del país, al paralizar a «muchas regiones» que aún intentan recuperarse del impacto de la pandemia y de las protestas que se realizaron entre diciembre y marzo pasado.
Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, declaró que la Policía Nacional está preparada y con «todas las providencias necesarias para darle tranquilidad» a los ciudadanos.
Romero le pidió directamente a los estudiantes universitarios que «tengan cuidado, no se dejen llevar por ideas que trastocan la tranquilidad del país», pues en su opinión se trata de «ideologías que no suman, solo restan y deterioran«.
El ministro también invocó a la población a que «no participe en actos violentos», pero reiteró que se darán «todas las garantías a los que protestan de forma pacífica», siempre y cuando «respeten el derecho de los demás, que quieren trabajar y circular libremente».
Como parte de las medidas, el Gobierno decidió prorrogar por 30 días la declaración de estado de emergencia en las principales carreteras del sur del país, que comprenden el Corredor Vial Sur, en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, así como en el Corredor Vial de la Interoceánica Sur, que une al país con Brasil.
Diversos gremios sociales, sindicales y civiles han anunciado que participarán el próximo miércoles en una gran manifestación en Lima y en diferentes regiones para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatorias a elecciones generales.
Boluarte asumió el Gobierno el pasado 7 de diciembre por sucesión constitucional, luego de que Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso tras un fallido intento de golpe de Estado.
Las protestas estallaron en Perú tras ese suceso y continuaron hasta marzo con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden que dejaron al menos 49 civiles muertos, aunque diversas fuentes elevaron esa cifra a un total de 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas siete haitianos, perdieron la vida por acciones como el bloqueo de carreteras. EFE
