Amnistía Internacional (AI) pidió este 18 de julio de 2023 a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que ordene a las fuerzas de seguridad «respetar el derecho a la protesta» durante las manifestaciones antigubernamentales convocadas para este miércoles en el país andino.
«Amnistía Internacional pide a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros y ministras que manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad en todo el país de que su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta, y que no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra las personas manifestantes», afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en un comunicado difundido por la organización.
Añadió que «durante los últimos meses, la Policía y el Ejército han hecho uso ilegítimo de la fuerza en reiteradas ocasiones, lo que le ha costado la vida a decenas de personas» en Perú.
«Estas espantosas escenas de represión del Estado no deben repetirse. Las autoridades deben garantizar que en ningún caso se emplean balas ni perdigones de plomo para responder a las protestas», enfatizó.
Guevara sostuvo que en el caso del uso de gas lacrimógeno, «los agentes encargados de hacer cumplir la ley solo deben recurrir a este en casos totalmente excepcionales, cuando sea estrictamente necesario, para un objetivo legítimo, de manera legal y proporcionada».
El organismo señaló que durante los últimos meses «miles de personas han tomado las calles para protestar» en Perú y que «las autoridades han respondido con fuerza letal y con un uso excesivo de fuerza menos letal, con el objetivo de silenciar y castigar a las personas que se manifiestan, en particular a las de comunidades indígenas y campesinas».
Recordó que entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 manifestantes perdieron la vida, otras 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos de carretera y cientos resultaron gravemente heridas.
«En mayo, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba 25 de esas muertes y que concluyó que 20 de ellas serían ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha, no se han presentado cargos contra ningún funcionario público por los delitos cometidos», alertó.
Al respecto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, manifestó que «cualquier persona debería tener la libertad de hacer que se escuche su voz» y que «las autoridades de Perú deben garantizar los derechos a la libertad de expresión y de reunión, y abstenerse de difundir desinformación o de estigmatizar a quienes deciden ejercer estos derechos».
«No debe haber más personas muertas ni heridas en el marco de las movilizaciones», concluyó.
Organizaciones sociales, políticas y civiles han convocado para este miércoles a una movilización antigubernamental en Lima y varias regiones, principalmente del sur del país.
Los manifestantes piden, al igual que en las protestas que se presentaron entre diciembre y marzo pasado, la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatorias a nuevas elecciones generales y a una asamblea constituyente.
Además, los organismos han sumado la exigencia de la liberación de las personas detenidas desde las manifestaciones de diciembre, entre las que incluyen al expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso tras intentar dar un fallido autogolpe de Estado. EFE
