La norma fue propuesta por el presidente Guillermo Lasso como su cuarto decreto ley, busca ayudar a las empresas que están al borde de la quiebra.
El 20 de julio del 2023, en la Corte Constitucional (CC) se analizó la Ley de Reestructuración Empresarial, conocida como Ley de Quiebra, que es el cuarto decreto – ley emitido por el presidente Guillermo Lasso, desde que gobierna sin la Asamblea Nacional.
El pleno de la CC escuchó a las partes involucradas en el tema: la Presidencia de la República, la Procuraduría, la Superintendencia de Compañías y varios amicus curiae, estos últimos son profesionales o representantes de instituciones o empresas que piden intervenir.
Yolanda Salgado, en representación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, fue la encargada de explicar que la norma tiene como objetivo salvar de la quiebra a las empresas que se consideren viables y lograr un cierre ordenado de las que no puedan seguir funcionando.
¿Cómo se salva a las empresas?
La norma suspende los procesos judiciales en contra de las compañías y obliga a que los acreedores se junten y lleguen a un acuerdo para que la empresa les siga pagando, si es que está en condiciones económicas de hacerlo, caso contrario, se suspenden los pagos a las instituciones bancarias.
Preparación ante el fenómeno de El Niño
A través de esta Ley de Quiebras el Gobierno se prepara para salvar a las empresas y a los empleos que estas generan, en miras de las posibles afectaciones que dejaría el fenómeno de El Niño, que ascenderían a USD 8.000 millones, solo en el sector productivo.
Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia de la República, señaló que al inicio de la pandemia de la COVID-19 se cerraron 22 mil empresas, su quiebra se habría podido evitar, según el funcionario, con una Ley de Quiebras como la que se está proponiendo, que daría a las compañías el derecho a declararse insolventes.
Aunque actualmente en el país sí existe una ley que trata sobre el derecho concursal o el derecho a la quiebra, Ortiz explicó que la norma es deficiente y caduca, pues data de hace más de 25 años y contiene una serie de requisitos que tardan más de un año en cumplirse, mientras, la empresa se cierra.
Con la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en 2020 para paliar las afectaciones de la pandemia, se aprobó un mecanismo que fue mucho más eficiente, al cual se busca retornar con la norma propuesta ahora por el Gobierno.
“Las empresas que se cerraron durante la pandemia no se habrían cerrado si tenían este régimen excepcional que se les dio con la Ley de Apoyo Humanitario. Ahora se espera un escenario similar con el fenómeno de El Niño, va a causar graves estragos, por eso es importante prevenir que las empresas cierren, que se pierdan empleos”, afirmó el secretario jurídico de la Presidencia.
Preocupación por la norma
Ayer en la Corte Constitucional se presentaron algunos argumentos en contra de la aprobación de la norma, uno de ellos fue de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), que ve con preocupación que no se respete el pago de las deudas por parte de las empresas, lo cual afectaría a los depósitos de sus clientes.
Adicionalmente, existe oposición por la supuesta vulneración a los derechos laborales, ya que se argumenta que una empresa declarada en quiebra podría incumplir con sus trabajadores.
Sin embargo, según explicaron desde la Presidencia de la República, la norma establece tres tipos de acreedores y entre los preferentes están los trabajadores, a quienes se les deberá pagar primero; los ordinarios, entre los que están los bancos; y el subordinado, que son los accionistas, que cobrarán al último.
- Alí Lozada, presidente de la CC, propuso que la norma sea solo temporal, para paliar los efectos del fenómeno de El Niño.
- Para ser aprobada, la Ley de Quiebra requiere del dictamen favorable de la Corte Constitucional
- 8.000 millones de dólares provocaría en pérdidas en el sector productivo la presencia del fenómeno de El Niño.
