Candidato a asambleísta de Azuay propone jueces sin rostro

Polibio Martínez, candidato a asambleísta de Azuay propone jueces sin rostro para evitar que los delincuentes les ofrezcan dinero o los amenacen.

Polibio Martínez, candidato a asambleísta de Azuay propone jueces sin rostro
Polibio Martínez, candidato a asambleísta de Azuay propone jueces sin rostro

Esta es la segunda entrega del seriado con entrevistas a quienes encabezan cada una de las 11 listas de candidatos a la Asamblea Nacional por Azuay, para las elecciones del 20 de agosto de 2023. Augusto Polibio Martínez, de 57 años, ingeniero químico y catedrático de la Universidad Católica de Cuenca (Ucacue), lidera la lista del Partido Sociedad Patriótica (PSP) (Lista 3). Propone la creación de jueces sin rostro.

Martínez tiene una maestría en protección y remediación ambiental, y también es máster en energía renovables. Ha dirigido varios proyectos de investigación en el área de la protección del medio ambiente.

En seguridad: jueces sin rostro

Plantea hacer reformas a la legislación relacionada a la seguridad y justicia, en especial, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que no haya un abuso de la ley en beneficio de delincuentes y corruptos.

“Queremos que los jueces no abusen de la ley, queremos evitar que se cambien las sentencias por medidas sustitutivas, por acciones que resultan irregulares y que hemos visto que no dan resultado…”, señala.

Añade: “otro tema es evitar que se coloquen los grilletes a los procesados e investigados, pues hemos visto casos en los que se retiran este aparato y se van. También proponemos como un respaldo a la justicia crear los jueces sin rostro…”.

“Lo que buscamos es que los jueces no tengan contacto con los delincuentes, ni los delincuentes puedan tener contacto con los jueces, para evitar jueces que reciban coimas o que sea amenazados por la delincuencia…”, precisa.

Descentralización

Plantea cambios en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) con el objetivo de garantizar que se cumpla la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

“Si bien en teoría el COOTAD habla de descentralización, pero los recursos no están descentralizados, por eso es necesario hacer cambios para descentralizar la administración de los dineros y de las asignaciones…”, dice.

Rescata que el COOTAD ha sido efectivo para la delegación de competencias y de trámites a los gobiernos seccionales, pero cree que es fundamental garantizar los recursos para ejecutar esas responsabilidades delegadas o asignadas.

Seguridad social

“En la Asamblea Nacional se pueden frenar los intentos para hacer cambios a la seguridad social, que buscan obligar a que los trabajadores tengan más años de aportes para jubilarse…”, señala.

Considera que se trata de medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que afectan de manera directa al sector de los trabajadores.

Para Martínez es necesario reformar las normas de la seguridad social para impedir que el Gobierno Nacional use los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Actualmente el IESS está dando el servicio al seguro campesino y a los hijos de los afiliados, y eso están pagando los aportantes. Esta es una responsabilidad del Estado, pues tiene que garantizar salud a sus habitantes…”, refiere.

Citó el artículo 32 de la Constitución del Ecuador que establece que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación…”.

Reformas constitucionales propone candidato a asambleísta de Azuay

Para Martínez es necesario hacer una reforma a la Constitución del Ecuador para evitar el ingreso de delincuentes al país con el argumento de tener libre movilidad, puesto que eso ha generado graves problemas de inseguridad.

A criterio de este profesor universitario asimismo es urgente una reforma constitucional para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que desde 2008 es una función del Estado.

“No podemos permitir que una institución con cinco personas estén encargadas de seleccionar a los representantes más importantes de las instituciones del control del Estado, eso no es viable…”, insiste.