Esta es la cuarta entrega del seriado con entrevistas a quienes lideran cada una de las 11 listas de candidatos a la Asamblea Nacional por Azuay, para las elecciones del 20 de agosto de 2023. Adrián Castro encabeza la lista de la alianza Actuemos, conformada por el partido Avanza (Lista 8) y el movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) (Lista 23). Apoya a Otto Sonnenholzner para la Presidencia del Ecuador.
Castro es abogado, especialista en derecho administrativo y contratación pública. Fue gerente de la Empresa de Movilidad (EMOV EP), además fue director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
En las elecciones de febrero de 2023 participó como candidato a la Alcaldía de Cuenca con el aval de una alianza entre el movimiento Democracia Sí (Lista 20) y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) (Lista 18).
En seguridad
Castro propone por medio de una ley reformatoria hacer cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop).
También en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) y en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). En la primera de estas plantea reformar la figura del hábeas corpus.
“Se trata de una medida que ha sido prostituida a nivel nacional, mal utilizada por abogados que son parte de la trinca, abogados que se están prestando para sacar libres a los delincuentes más sanginarios de este país…”, señala.
De acuerdo con Castro, el objetivo de estos cambios asimismo es robustecer el sistema judicial mediante la asignación de protección para los jueces honestos, y hacer una depuración de los malos elementos mediante una evaluación.
“Hay medidas que ya se aplican en otros países como el juzgamiento desde otro territorio, y eso permite una justicia sin rostro, para juzgar a los presos de alta peligrosidad…”, manifesta.
Con estas reformas también anuncia Castro se le dará facultades a los municipios para que apoyen en la seguridad, como, por ejemplo, en la construcción de retenes en los accesos a los centros de rehabilitación social.
Para Castro también es necesario que las contravenciones de tránsito sean juzagadas por los municipios, para que los jueces puedan dedicarse exclusivamente a causas penales y reducir su carga procesal.
Seguridad social
Castro señala que es urgente codificar todas las resoluciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pues considera que estas se han prestado para actos de corrupción.
“Tenemos que revisar el seguro social campesino, donde hay enormes terratenientes que por vivir en el campo se benefician de un seguro, que es dedicado para la población más vulnerable…”, sostiene.
Acota “hay que cobrar la mora patronal porque el Ministerio del Trabajo ya no está haciendo inspecciones a los locales desde que finalizó la pandemia y con la salida de mucho personal de este ministerio…”.
Plantea una reforma a la ley del IESS para sacar al Gobierno Nacional de la estructura institucional de esta entidad y para que se haga el pago paulatino de las deudas a los jubilados.
Descentralización
Castro califica al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) como un esfuerzo esteril para garantizar la descentralización.
“Se creó un consejo de competencias, que lo que hace es estorbar a los municipios que hacen bien la tarea y premiar a los municipios ineficientes, que deberían perder competencias…”, señala.
Para Castro con una reforma al COOTAD se puede dar la facultad a los municipios para que puedan contratar docentes para apoyo a las universidades públicas y que creen institutos tecnológicos, pedagógicos, técnicos y conservatorios.
Reformas constitucionales
Castro cree que se deben hacer dos reformas a la Constitución del Ecuador. Una, para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pues lo considera como una arma política para los gobiernos de turno.
Y dos: para establecer mayores requisitos para los partidos políticos y lo mismo para las autoridades de la Asamblea Nacional, para evitar que lleven personas que han tenido problemas con la ley.
“No puede ser que a un estudiante le tomen exámenes de ingreso, a los docentes les exijan maestrías, a los rectores PHD, pero para ser asambleísta se necesita ser un mero bailarín, payaso, una persona financiada por el narco…”, afirma. (CSM)-(I)
