El ministro de Energía anunció que la explotación petrolera en el Yasuní se mantendrá, aunque en consulta popular se votó para suspenderla.
Las declaraciones de Fernando Santos Alvite, ministro de Energía, sobre el fin de la explotación petrolera en el Yasuní levantaron polémica, ya que el funcionario manifestó que solo las poblaciones aledañas al Bloque 43 podían pronunciarse sobre el tema, dejando entrever que el Gobierno no acatará los resultados de la consulta popular realizadas el domingo 20 de agosto del 2023.
“La Constitución da el derecho a la resistencia a las comunidades que se trate de violar sus derechos, ellos son los únicos quienes tienen el poder y la capacidad si se inician operaciones petroleras en el área”, afirmó Santos Alvite.
Según los últimos datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,76% de las actas escrutadas, el 58,96% de los electores ecuatorianos votaron a favor de que se prohíba cualquier actividad extractiva en el parque nacional Yasuní, lo cual implica cerrar el Bloque 43, manejado por Petroecuador.
Todos los constitucionalistas consultados por este medio coincidieron en que el ministro de Energía confundió lo que implica la consulta popular, que tiene carácter plebiscitario, y la consulta libre e informada, que solo se aplica a las zonas aledañas a los proyectos de extracción de recursos naturales.
“Hay una confusión del ministro en el alcance de la consulta previa, libre e informada, que se aplica antes de realizar cualquier actividad relacionada con la extracción de recursos naturales y en la que se requiere del consentimiento de las poblaciones cercanas, pero ese es un mecanismo de participación muy diferente, lo que la Corte Constitucional ordenó es una consulta plebiscitaria de carácter nacional”, puntualizó Ismael Quintana, abogado constitucionalista.
Para el constitucionalista José Chalco, lo más grave del pronunciamiento del ministro Santos es que se pretenda, más allá de ignorar la voluntad del pueblo, incumplir una disposición de la Corte Constitucional, organismo que avaló la realización de la consulta popular.
“Se debe cumplir, no solo la aprobación de la consulta, sino lo dispuesto por la Corte, que emitió un dictamen previo, eso es vivir en un Estado de derecho, hay que respetar las decisiones que se toman en la justicia constitucional, así no estemos de acuerdo o no nos gusten, caso contrario, puede ser motivo de destitución del cargo”, afirmó Chalco.
Ramiro Ávila, exjuez constitucional y actual abogado del colectivo Yasunidos, que impulsó la consulta popular, afirmó que las declaraciones del ministro son una muestra de que la autoridad desconoce la Constitución y pretende valerse de “leguleyadas” para incumplir con lo que decidió el pueblo.
“El confunde las dos consultas de forma patética, hay un mandato popular bastante claro, que al ministro no le toca cuestionar, sino ejecutar”, puntualizó Ávila.
Gobierno se retracta
Después de que las declaraciones del ministro Fernando Santos Alvite de hicieron públicas, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que puntualizó que el Gobierno, una vez que los resultados de la consulta popular sean notificados y estén en firme, acatará la decisión del pueblo y se retirará progresivamente la actividad petrolera en el Yasuní.
Sin embargo, Santos Alvite señaló que el retiro no será en menos de un año, como lo establece la propia consulta popular, mientras, se seguirá explotando el petróleo. El actual Gobierno solo dejará elaborado un plan de clausura de los pozos, pero será el próximo Régimen el que lo ejecutará.
Por su parte, el representante legal de Yasunidos puntualizó que el colectivo y la Corte Constitucional deberán estar pendientes de que el actual Gobierno comience con la elaboración de este plan de salida del Yasuní, caso contrario, se puede aplicar una acción de incumplimiento y, a pesar de que les quedá poco tiempo en el poder, las autoridades podrían ser destituidas por desacatar el cumplimiento de un dictamen o sentencia.
El Bloque 43 ITT produce al día 60 mil barriles de petróleo, lo que le significará al país una pérdida de USD 1.200 millones anuales, según un informe del Banco Central del Ecuador.
