Los miembros del CPCCS están bajo la mira de la Corte Constitucional, que podría destituirlos por irrespetar una de sus sentencias.
Las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio fueron blindadas por un fallo de la Corte Constitucional de mayo del 2019, en el que se prohibió que cualquier institución revise sus actuaciones, sin embargo, el actual organismo pretende desobedecer lo dispuesto, por lo que se ha colocado bajo la mira del máximo organismo de justicia constitucional.
La supuesta vulneración de la sentencia se habría realizado cuando el juez de la Unidad Judicial de Montecristi, en Manabí, Leiver Quimis, le dispuso al CPCCS la creación de una veeduría para revisar la designación de la actual Corte Constitucional, la cual fue realizada por el organismo Transitorio; el pedido judicial fue acatado por el Consejo, dirigido por Alembert Vera, abogado del expresidente Rafael Correa, que dispuso un plazo para inscribirse en este mecanismo de participación ciudadana, que vence el 11 de septimbre del 2023.
“Se va a dar paso de forma inmediata, para la conformación, para revisar los actos atroces cometidos por el trujillato”, afirmó Vera durante la sesión del CPCCS en la que se permitió la conformación de la veeduría solicitada por la ciudadana Betty Marcillo, quien presentó una acción de protección que fue aceptada por el juez Quimis.
Seguimiento de la sentencia
La Corte Constitucional, ante la posible vulneración de lo dispuesto en su fallo del 2019, que prohíbe revisar las actuaciones del CPCCS Transitorio, activó la fase de seguimiento de la sentencia, proceso que podría desencadenar en la destitución de los actuales consejeros de Participación Ciudadana y del juez Quimis.
La Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte remitió tres oficios, uno dirigido a Alembert Vera, en el que le dio un plazo de 48 horas para que remita un informe pormenorizado sobre conformación de la veeduría.
Además, la Corte Constitucional otorgó el mismo plazo de 24 horas al juez Leiver Quimis para que envíe el expediente completo de su sentencia en la que ordenó la creación de la veeduría.
Mientras que, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se le solicita que sustente el oficio que les remitió el pasado 5 de junio, cuando alertó a los jueces constitucionales sobre las intenciones del CPCCS de revisar lo actuado por el organismo Transitorio, el cual estuvo dirigido por el fallecido Julio César Trujillo.
División en el Consejo
No todos los integrantes del CPCCS están de acuerdo con lo decidido por la mayoría dirigida por Alembert Vera; es así que los consejeros Nicole Bonifaz (vicepresidenta), Mishelle Calvache y Andrés Fantoni han tomado distancia de la decisión de conformar la veeduría que revise las acciones de sus antecesores, la cual, según afirman, fue tomada de forma unilateral.
A través de sus redes sociales, Calvache y Fantoni emitieron un comunicado conjunto en el que se desmarcaron de las decisiones tomadas por la mayoría afín al correísmo. “Nos apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir o decidir sobre otras instituciones”, afirmaron.
Responsabiliza al juez
Justo dentro del plazo de 24 horas que le dio la Corte Constitucional para responder, Alembert Vera remitió un oficio al máximo organismo de control constitucional en el que le aclaró que la decisión de conformar la veeduría se ejecutó en extricto cumplimiento de la sentencia de juez Leiver Quimis.
Sin embargo, Vera puntualizó que, cuando llegue el momento de aprobar el informe de dicha veeduría, si es que recomienda la revisión de lo actuado por el CPCCS Transitorio, se aclarará «de forma categórica la imposibilidad jurídica de acoger, en el supuesto no consentido de que se incluya, este tipo de recomendación y conclusión».
Vera, quien le planteó algunas preguntas a la Corte, encaminadas a aclarar si debe o no acatar la sentencia del juez Quimis, también pidió que se señale día y hora para ser escuchados en audiencia.
Fiscalía investiga a juez
La fiscal general Diana Salazar también le contestó a la Corte Constitucional en el plazo otorgado y le ratificó la advertencia que le hizo en junio del 2023, en la que le señaló que el actual CPCCS, al revisar la designación de autoridades realizadas por el Transitorio, pretende vulnerar la sentencia emitida en el 2019.
«Solicito a la Corte Constitucional que se empleen todas las medidas adecuadas y pertinentes previstas en la ley para evitar su incumplimiento», señaló Salazar, quien además informó sobre el inició una investigación previa por el delito de prevaricato en contra del juez Leiver Quimis, luego de recibir una denuncia por parte de la Procuraduría General de Estado.
En peligro de destitución
El 23 de enero pasado, el pleno de la Corte Constitucional destituyó a los siete integrantes del CPCCS por incumplir con la sentencia que disponía la designación del vocal para el Consejo de la Judicatura y los actuales consejeros podrían correr la misma suerte por intentar revisar las actuaciones del organismo Transitorio, así lo advierte el constitucionalista José Chalco.
“Los consejeros y el juez pueden ser destituidos por incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, ningún servidor puede incumplir las decisiones de la Corte”, puntualizó el jurista, quien señaló que la activación del seguimiento de la sentencia es un llamado de atención a los integrantes del CPCCS que debe ser tomado en serio.
Las decisiones del CPCCS Transitorio fueron blindadas por la Corte en el 2019 debido a que fueron autorizadas por el pueblo ecuatoriano en un referéndum, por lo tanto, no se pueden revisar.
