Ayer en audiencia ante la Corte Constitucional se analizó el decreto-ley mediante el cual el Gobierno pretende recortar pagos al IESS y modificar los presupuestos del salud y educación.
El decreto – ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional (CC) el pasado 5 de septiembre, fue analizado ayer en audiencia, en la que recibió varios cuestionamientos por la imposibilidad legal que tendría el Gobierno para realizar recortes a los pagos que debe hacer a los fondos de Salud y de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En los artículos 38 y 39 de la propuesta de ley urgente, el presidente Guillermo Lasso propone que todo lo que le adeuda el Estado al IESS en intereses, por los atrasos en el Fondo de Pensiones desde la promulgación de la actual Constitución, es decir, desde el 2008, sea borrado; esto, según explicó Daniel Lemos, viceministro de Finanzas, tiene como objetivo facilitar el pago del capital.
Según Lemos, el Gobierno no sabe cuánto le debe al IESS por estos intereses, sin embargo, el Instituto sí se lo ha informado, así lo señaló el propio funcionario, quien afirmó que el monto que se busca condonar asciende a USD 1.080 millones, mientras que la deuda por el capital llega a USD 3.000 millones.
“Estos intereses no se encuentran registrados en ninguna parte, no se han podido materializar y lo que han provocado es dificultad para llegar a un acuerdo para el pago del capital. En este momento (si no se los paga) no afecta a las finanzas al IESS, porque no es un dinero que se está pagando”, afirmó el viceministro, quien, al ser consultado en varias ocasiones por los jueces, sobre el intento de eliminar unos intereses que están reconocidos legalmente, respondió: “están registrados en el IESS, no en el Ministerio de Finanzas”.
Magdalena Toro, en representación legal del IESS, recalcó que la eliminación de los intereses que pretende el Gobierno es ilegal, inconstitucional y sí pone en riesgo la estabilidad financiera del Instituto.
“Lo que pretende, la remisión total de los intereses contraría con lo dispuesto en el artículo 372 de la Constitución, que señala claramente que los fondos o reservas del seguro son propios y distintos de los del fisco, ninguna institución podrá intervenir en estos y obviamente existen, porque el Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que a todo pago pendiente se le aplicará la tasa de interés equivalente”, señaló la procuradora del IESS.
Menos porcentaje por enfermedades catastróficas
Esto, contraviene lo que establece el artículo 50 de la Constitución, que señala que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita, de manera oportuna y preferente.
“El pretender pagar solo el 33,33% no tiene base legal, no cuenta con estudio actuarial y la Corte Constitucional, en al menos dos sentencias, ya se refirió a que, cuando se trata de financiamiento de prestaciones al IESS deben existir estudios actuariales, debe estar basado en datos técnicos, para garantizar la sostenibilidad del sistema”, afirmó la abogada del IESS.
Pero según el viceministro de Finanzas, la ley establece que el fondo para atender a las enfermedades catastróficas es tripartito (Gobierno, trabajadores y empleadores), lo cual no se ha aplicado.
Menos fondos para salud y educación
Aunque la audiencia en la que se analizó el decreto – ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas se realizó de forma virtual, en los exteriores de la Corte Constitucional se efectuó un plantón organizado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y por la Unión Nacional de Educadores (UNE), en rechazo a lo que ellos denominan un intento por reducir el presupuesto de la educación y la salud.
La Constitución establece que, todos los años el Gobierno de turno tiene la obligación de incrementar el presupuesto de salud y educación en un 0,5%; sin embargo, el actual Régimen pretende que esto se haga con base al presupuesto devengado, es decir, lo realmente gastado; y no del presupuesto proyectado, como es ahora.
“De ninguna manera se está buscando incumplir la Constitución, lo que se dice es que se va a incrementar, el Estado tiene que hacer el esfuerzo de incrementar el 0,5% del PIB, pero la base de cálculo debe ser en función de la verdadera capacidad financiera que haya tenido el Estado”, afirmó Daniel Lemos, viceministro de Finanzas.
