Los anuncios de denuncias no cesan, un grupo de concursantes se han quejado por las calificaciones que han recibido, que han beneficiado a postulantes relacionados con grupos políticos.
Este 30 de septiembre del 2023, en el colegio Benalcázar, ubicado en el norte de Quito, se realizará la prueba escrita para los aspirantes a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, 103 concursantes pasaron a esta etapa, que es la última del concurso para elegir contralor.
Sin embargo, para llegar a esta instancia el concurso pasó por una serie de inconvenientes que incluyen procesos judiciales que lo suspendieron, una investigación penal y una serie de denuncias de los postulantes que no cesan hasta ahora, cuando restan menos de 10 días para que el país conozca quien es el nuevo contralor general del Estado, que tiene a su cargo el control del correcto manejo de los recursos públicos.
La última denuncia por las supuestas irregularidades detectadas en el concurso la presentaron el 29 de septiembre del 2023 Jaime Santos y Fernando Albán, postulantes del proceso, quienes señalaron que, sin ninguna justificación, la Comisión Ciudadana de Selección, dirigida por Marco Chalco, ignoró varios de los certificados laborales que presentaron, los cuales no les sirvieron para mejorar su calificación de méritos, esto pese a que incluso contaban con experiencia específica, adquirida en la propia Contraloría.
“Desde un inicio se vio que la intención era favorecer a los candidatos vinculados con los grupos políticos, dejando de lado a personas de carrera de la Contraloría, que tenemos experiencia específica para asumir el cargo”, aseguró Jaime Santos.
Guido Escobar, otro postulante, también ingresó esta semana una acción de protección para denunciar la vulneración de sus derechos, pues, pese a que obtuvo la calificación perfecta en la evaluación de méritos, que incluye la preparación académica y la experiencia laboral, la Comisión tomó la decisión de bajarle 10 puntos de los 50 conseguidos, porque consideró que la carpeta estaba sobrevalorada.
Cuando los postulantes hablan de intentar favorecer a candidatos vinculados con organizaciones políticas se refieren precisamente a este tipo de actos, pues la disminución de puntos a Escobar ayudó a que Juan Falconí Puig, embajador en Reino Unido durante el Gobierno de Rafael Correa, suba a los primeros puestos.
Precisamente por esta supuesta vulneración cometida en contra de Guido Escobar, la ciudadana Jenniffer Díaz impuso una acción de protección en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la cual fue aceptada por el juez Jorge Medina, de la Unidad Judicial de Bucay, de la provincia del Guayas, quien dictó medidas cautelares y ordenó la suspensión del concurso.
Posteriormente, una vez que Díaz desistió de la demanda, el concurso se retomó a inicios de la semana del 25 de septiembre y por esta razón se realizará la prueba escrita. Una vez que terminen las impugnaciones a los resultados de este examen, se conocerá quién es el nuevo contralor general del Estado.
Preguntas cuestionadas
El 28 de septiembre del 2023 la Comisión Ciudadana de Selección hizo públicas las 2.000 preguntas, sin respuestas, que se aplicará hoy a los concursantes, las cuales fueron elaboradas por un comité de académicos que incluyeron el 30% de preguntas sobre Auditoría, 30% sobre Derecho, 20% de Administración, Gestión y Contratación Pública, 10% de Economía y 10% de Ética Pública y conocimientos generales.
Son precisamente las preguntas de conocimientos generales las que, en redes sociales, han sido criticadas, pues se incluye temas básicos como los símbolos patrios, el nombre del primer presidente de la República y el nombre de la moneda que circulaba en el país antes de la dolarización.
