Se decretó la emergencia en el sector eléctrico, ante la falta de lluvias, la imposibilidad de comprarle energía a Colombia y al aumento de la demanda. El déficit es del 15%.
Según el Cenace, que es el Operador Nacional de Energía, la demanda de electricidad en el país asciende al momento a 4.228 megavatios, pero, incluyendo la producción en hidroeléctricas y de otro tipo de generación, solo se produce 3.554 megavatios, es decir, existe un déficit del 15%; esta situación, junto con otros factores, le llevaron al Ministerio de Energía y Minas a decretar la emergencia en el sector hidroeléctrico.
La disminución en la producción de energía se debe, principalmente, al retraso en la llegada de las lluvias en la zona occidental y a la reducción de los caudales en los ríos de la Amazonía; lo que le obliga al país a buscar un tipo de generación distinta a la hidroeléctrica, como la termoeléctrica; precisamente en el decreto de emergencia se incluyó la repotenciación inmediata de la central Termogas Machala, que desde hace varios años no funciona a su máxima capacidad.
Adicionalmente, las autoridades se plantean la posibilidad de comprar energía para solventar el déficit, sin embargo, su principal proveedor, que es Colombia, limitó la venta de electricidad a Ecuador y ahora se la vende más costosa.
El 14 de octubre del 2023, el Gobierno colombiano, en el afán de salvaguardar su producción para sus ciudadanos, ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, emitió un decreto de emergencia con el que limitó las exportaciones de energía y solo se puede comercializar la que es producida en las plantas térmicas y que, es más costosa, por el uso de diésel.
Según el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, el país le está pagando a Colombia el triple de lo que cuesta producir la energía en Ecuador; el kilovatio/hora que entrega el país vecino asciende a 25 centavos, mientras que en el país, a través de las centrales hidroeléctricas, el costo llega a 9 centavos.
Falta de previsión
Para Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, la situación de emergencia que actualmente vive el país es el resultado de la falta de previsión por parte de las autoridades y la escasa inversión en el sector eléctrico, pues en los últimos cinco años el país no ha incrementado un solo kilovatio/hora al sistema de interconexión.
«Las reservas que se tenían han sido absorbidas por el crecimiento de la demanda natural del país; que crece a razón de 300 megavatios por año, en cinco años son 1500 megavatios que debíamos incorporar, pero no se ha incorporado nada”, afirmó el experto.
Acuña señaló que, a la falta de inversión se debe sumar el hecho de que el parque térmico no ha sido debidamente mantenido, pese a que es una gran alternativa para mejorar la producción durante las épocas de estiaje.
“A último momento se está intentando poner a funcionar a plenitud la Termogas Machala, pero no existe el gas suficiente y tampoco se tiene la infraestructura para que el gas llegue a la planta. Estas son medidas que están bien, pero son al apuro, de último rato, que no van a lograr solucionar el problema de ahora y estamos expuestos a la incertidumbre de cuánta agua puede caer”, puntualizó Acuña.
No es un problema de hoy
Pese a que el Gobierno ha empezado ha hablar del estiaje y del déficit de energía desde aproximadamente un mes, para Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, la crisis en el sector eléctrico data de inicios del 2023, cuando el país incrementó la compra de diésel destinado a la producción de electricidad.
“De enero a mayo, el consumo de diésel 2, para el sector termoeléctrico, tuvo un incremento de 537%, en este período del 2022 se consumió 128 mil barriles, mientras que en el 2023 fue de 815 mil barriles. El estiaje no se está dando este momento, ya se dio a inicios de año, ya había señales, por las que el Gobierno debía tomar acciones para evitar los ya no posibles, sino inminentes apagones”, afirmó Erazo, quien espera que la falta de previsión de las autoridades no implique un aumento en el pago de las planillas a los ciudadanos.
