El Gobierno peruano aprobó el 14 de noviembre de 2023 una norma que le permite expulsar extranjeros que no tengan en orden su situación migratoria, Ecuador pide que no los deje en su frontera.
Desde el 14 de noviembre de 2023, gracias a la emisión del Decreto Legislativo 1582, Perú está autorizado a expulsar a los extranjeros que sean encontrados en situación irregular o estén vinculados a actividades delictivas, la medida afecta principalmente a los ciudadanos venezolanos, que son el 94% de las personas procedentes de otras naciones. Las autoridades de Colombia y Ecuador piden que quien sea expulsado de Perú no sea sacado a las fronteras de los dos países, sino que se garantice el traslado directo a Venezuela.
El documento establece que, quien no haya regularizado su situación migratoria hasta el pasado 10 de noviembre, con la solicitud del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), podrá ser expulsado en un máximo de 48 horas.
La medida también señala sanciones a las compañías de transporte, lugares de hospedaje y empresas que brinden servicios o contraten a extranjeros que no puedan justificar su permanencia legal en Perú.
Una salida masiva
Según datos de la Superintendencia Nacional de Migración de Perú, en este país residen 1 millón 200 mil venezolanos, de esta cifra, de acuerdo con la información que el Instituto Nacional de Estadística e Informática hizo pública el pasado enero, el 35,5% no tenía permiso migratorio, es decir, unos 400 mil venezolanos, de estos, solo 200 mil solicitaron el PTP, por lo que se espera la expulsión de 200 mil personas.
Aunque la salida de venezolanos de Perú todavía no es masiva, en los últimos días, después de que se aplicó la medida del Gobierno peruano, medios locales señalaron que al menos 2.500 personas de esta nacionalidad salieron de este país de forma voluntaria.
Proponen salida por aire
Aunque inicialmente Juan Zapata, ministro del Interior, anunció la creación de un corredor humanitario que permita que los venezolanos expulsados salgan de Perú y atraviesen Ecuador y Colombia por tierra, hasta llegar a su país de origen, finalmente esta idea fue descartada y el pedido de los gobiernos colombiano y ecuatoriano ahora es que se los saque vía aérea.
La decisión se la tomó el 9 de noviembre del 2023, cuando las autoridades de seguridad de Colombia y Ecuador coincidieron en Brasilia, en una reunión de Ameripol, donde acordaron que, hasta que no se tengan listos los corredores humanitarios, las expulsiones de venezolanos se las haga a través de viajes directos desde Perú a Venezuela, sin usar las fronteras de ninguno de los dos países.
“La posición de Colombia y Ecuador ha sido clara y en consenso, no podemos hacer una salida por ninguna frontera, sin tener las condiciones adecuadas para hacerlo, por eso se solicitó, como primer plan, que la salida de ciudadanos venezolanos se haga desde Perú hacia Venezuela, directamente”, puntualizó Zapata.
El ministro ecuatoriano recalcó que Ecuador enfrenta, en este tema, un problema grave, se trata de la Ley de Movilidad, a la que calificó como la más frágil de la región y que debería ser reformada, pues no permite que las autoridades soliciten a los extranjeros ni siquiera un pasado judicial, lo cual, según la autoridad, vulnera hasta la soberanía del país.
En peligro la población refugiada
Amnistía Internacional, organismo de defensa de los Derechos Humanos, emitió una alerta en la que anticipó la expulsión masiva de personas solicitantes de refugio por parte del Gobierno peruano, las cuales no accedieron a la regularización propuesta por las autoridades.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 532 mil venezolanos han pedido la protección internacional en Perú, a quienes, de acuerdo con la advertencia de Amnistía Internacional, no se les puede obligar a volver a Venezuela, en respeto a la prohibición de no devolución.
“El Decreto Legislativo 1582 es contrario a estas obligaciones de derecho internacional, incluida la obligación de asegurar el derecho a las garantías de debido proceso como barrera fundamental para proteger de la devolución a las personas refugiadas (…) parece establecer como norma las expulsiones ilegales; le instamos a derogar de inmediato y cumplir plenamente la obligación internacional contraída por Perú de proteger a la población venezolana en el país”, señaló Amnistía Internacional en un oficio dirigido a Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros de Perú.
