La Asamblea Nacional aprobó una ley que obliga a los empleadores a otorgar un salario igualitario a mujeres y hombres, quien no lo aplique, será sancionado.
Con 134 votos, por unanimidad, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, la cual obliga a los empleadores, públicos o privados, a pagar un sueldo similar a quien realice la misma actividad y tenga la misma carga laboral, sin importar su género.
La norma establece la posibilidad de que la mujer que reciba un salario diferente al de su compañero hombre, pese a que cumple las mismas competencias y calificaciones; condiciones laborales; esfuerzo; y responsabilidad, pueda denunciar este hecho, para que se le pague lo justo.
La denuncia la deberá realizar ante la Unidad de Talento Humano o quien haga sus veces en la administración pública; y, en el caso de los trabajadores del sector privado, ante el Ministerio de Trabajo; en cualquiera de los dos casos el receptor de la queja cuenta con 15 días para responder a la trabajadora.
En caso de verificación de la vulneración del derecho a la igualdad de remuneración, la institución pública, empresa privada o empleador deberá realizar el pago correspondiente a la diferencia de remuneración con efecto retroactivo y establecerá un nuevo salario, de acuerdo con los criterios de trabajo de igual valor. Si el empleador hace caso omiso, se le aplicará la sanción que corresponda, de acuerdo con la situación contractual de la trabajadora.
La desigualdad salarial de género
Según ONU Mujeres, a escala mundial, la brecha salarial de género es del 16%, lo que significa que las trabajadoras ganan en promedio el 84% de lo que ganan los hombres. En el caso de las mujeres afrodescendientes, las inmigrantes y las mujeres madres, la diferencia es incluso mayor.
Mientras, en Ecuador, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicado en diciembre de 2017, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue 1,25 veces más alto que el ingreso percibido por una mujer; más grave aún es lo referente al tiempo destinado al trabajo no remunerado. A escala nacional, las mujeres registran el 40,4% del tiempo no remunerado, mientras que los hombres el 13,9%.
Esto equivale que, según Karen Ulcuango, representante de la fundación Mega, de cada 100 horas de trabajo no remunerado, 77 las cumplen las mujeres. “Los esfuerzos para reducir la brecha han sido insuficientes, por eso se requiere de una ley que lo obligue”, explicó la experta.
Gabriela Montalvo, especialista en empoderamiento económico de ONU Mujeres, resaltó que la brecha salarial crece en los cargos directivos, a los que las mujeres difícilmente acceden. “Estas desigualdades impiden que las empresas crezcan y los países se desarrollen, que las familias vivan en condiciones adecuadas; esto no se va a resolver solo con una ley, se debe trabajar para cambiar la estructura organizacional en el sector privado y público”, afirmó.
Por su parte Caterina Costa, la primera mujer que ocupó el cargo de presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, resaltó que la igualdad de género es más que un objetivo, es una condición necesaria para el desarrollo, pues, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), existe la estimación de que, si las mujeres estuvieran en el mercado laboral en iguales condiciones que los hombres, el PIB global se incrementaría en USD 28 billones (millones de millones) para 2025.
¿Por qué las mujeres ganan menos?
Gabriela Montalvo, especialista en Empoderamiento Económico de ONU Mujeres, explicó que la desigualdad de género en el salario tiene una causa estructural, pues tradicionalmente se ha delegado a las mujeres el papel del cuidado, tanto de los niños, los ancianos y de las personas enfermas, lo cual les ha impedido profesionalizarse y provoca que sean discriminadas, ante los permisos que podrían solicitar para cumplir esta misión.
“Las tareas domésticas han recaído de forma abrumadora sobre los hombros de las mujeres, impidiéndoles utilizar su tiempo para actividades profesionales y la generación de ingresos que aseguren su autonomía económica, que les permita erradicar la violencia de género”, afirmó la experta.
Para que esta situación cambie, según resaltó la asambleísta Sofía Sánchez, no solo se necesita crear una ley, sino cambiar las condiciones en las que trabajan las mujeres, en las que no se les facilita cumplir con las condiciones de cuidado y realizar las actividades laborales.
