Mientras el actual Gobierno busca que Colombia le venda a Ecuador la energía a un mejor costo, el exministro de Energía puntualizó que la entrega se suspenderá a finales del 2023.
La crisis energética que enfrenta el país está lejos de solucionarse, el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, señaló que solo hasta el 31 de diciembre del 2023 se contará con los 400 megavatios que diariamente le vende Colombia, ya que después de esta fecha el país vecino comenzará su época seca. El exfuncionario compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, precisamente para dar explicaciones sobre los cortes de energía que vive Ecuador.
Según explicó el exsecretario de Estado, fue el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, el que les advirtió sobre la suspensión de la entrega de energía a Ecuador desde finales de año, la cual no sería negociable, por el momento; sin embargo, se deberían concretar contratos a largo plazo con este país, para evitar cortes en el futuro.
La actual ministra del ramo, Andrea Arrobo, quien anunció que los cortes se suspenderán desde el 15 de diciembre, sin especificar cuándo se retomarán, viajará mañana a Colombia para negociar con este país la entrega de energía a un precio menor al actual, ya que, según se ha informado, el costo es de 50 centavos el kilovatio hora, cuando la energía generada por las hidroeléctricas cuesta máximo 10 centavos.
Arrobo espera negociar basada en las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a la que pertenecen Colombia y Ecuador, que impiden que cualquiera de sus miembros aproveche una situación complicada de su vecino para elevar los costos de un producto. Hasta noviembre del 2023 el Estado ecuatoriano le pagó a Colombia USD 220 millones por la energía que le vendió.
Sin embargo, Santos Alvite recalcó que, por cada kilovatio que se deja de generar, el país pierde 1 dólar con cincuenta centavos, es decir, con la compra de energía al extranjero se evita mayores pérdidas.
El costo de la energía que le vende Colombia a Ecuador es alto debido a que es generado por plantas térmicas, que utilizan combustibles; la energía producida en las hidroeléctricas de este país está siendo preservada para sus habitantes, quienes se preparan para la época de sequía que vendrá con el fenómeno de El Niño, así lo resolvió el Gobierno colombiano el pasado 14 de octubre.
Falta de previsión
Durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, Fernando Santos Alvite reconoció que en enero del 2023 el país ya sufrió un problema de estiaje en las centrales ubicadas en el Austro, el cual fue solventado, igualmente, con la compra de energía a Colombia.
“El año pasado ya hubo estiaje, se salió con la venta de Colombia; el nivel del Embalse Paute – Mazar llegó a 2.120 en enero del 2023, este año en octubre del 2023 el embalse estaba menor, se adelantó tres meses, eso no puede nada prever, no depende de nadie”, aseguró el exministro, quien empleó la mayoría de su intervención para deslindarse de responsabilidades sobre los cortes de energía y librarlo de cualquier señalamiento al expresidente Guillermo Lasso.
Sin embargo, el exministro admitió que conocía y el que exmandatario también sabía del problema que se venía en los embalses del Austro y de la Amazonía; es más, señaló que esperaban que para esta fecha la crisis energética estaría peor, pues el país ya no debería contar con la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que está prácticamente sujetada “a una roca”, por los problemas de erosión del río Coca.
Respecto a la habilitación de las centrales térmicas, entre estas la más importante, Termomachala, Santos Alvite dijo que intentaron contratar su habilitación, pero les fue imposible, por falta de recursos económicos. De todo lo que hoy ocurre, el exministro responsabilizó a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), institución que estaba bajo su cargo.
Ministro no va a juicio político
La comparecencia de Fernando Santos Alvite a la Comisión de Fiscalización estuvo cargada de ataques por parte de los legisladores, quienes le increparon ante la intención del exministro de desligarse de responsabilidades por la crisis energética que vive el país; sin embargo, no hubo los votos para iniciarle el juicio político.
La moción del asambleísta Lenín Barreto (correísmo) solo obtuvo cuatro votos de sus coidearios, el resto de legisladores votaron en contra, lo hicieron porque con el tratamiento de este proceso la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, pretendió ignorar los cinco juicios que quedaron pendientes del anterior período legislativo, alegando que no se le remitió la información de los casos, lo cual fue negado por la Secretaría de la Asamblea Nacional.
