Funcionarios judiciales y policías formaron parte de la red delictiva que garantizó la impunidad, la seguridad y el confort de Leandro Norero y su familia.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, en su argumentación sobre el caso “Metástasis”, presentó 14 mil páginas de chats que Leandro Norero, narcotraficante asesinado en octubre del 2022, mantenía con una red delictiva conformada por funcionarios judiciales, policías y abogados que estaban a su servicio a cambio de grandes cantidades de dinero.
“Como buen criminal, Leandro Norero registraba todas las negociaciones que hacía a través de su teléfono celular, exigía a los miembros de la cúpula que eliminen los mensajes, pero él guardaba toda la evidencia”, afirmó Salazar, quien lideró una investigación que arrancó con la muerte del delincuente, ocurrida en el interior de la cárcel de Cotopaxi, momento en que las autoridades tuvieron en sus manos sus aparatos electrónicos.
Los montos pagados por Norero a jueces y policías iban desde USD 5.000 o la entrega de joyas por un valor equivalente, hasta USD 500.000, esta última cantidad era el pago por el otorgamiento de habeas corpus.
Uno a uno, la fiscal Salazar explicó la implicación de los 31 procesados que lograron ser capturados, la mayoría de los jueces recibió coimas a cambio de fallos o asesoría que le brindaban al narco cuando presentaba causas legales para quedar libre, para que le devuelvan sus bienes o para que le beneficien a sus familiares.
Dentro de quienes lo asesoraron a cambio de dinero se encuentra precisamente Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura, quien habría incurrido en esta práctica durante el tiempo que fue juez de la Corte Nacional de Justicia.
Según registros fotográficos, Terán incluso recibió en su despacho a uno de los operadores de Norero, Helive Angulo, quien lo visitó para recibir asesoría sobre cómo presentar un habeas corpus en favor de Israel Norero, hermano del narcotraficante, por el que iban a pagar USD 450.000.
Dentro de los jueces que colaboraron con Norero están Ronald Guerrero, de Garantías Penales de Guayas; Adolfo Gaibor y Johann Marfetán, de la Corte de Guayas; Glenda Ortega Marcial, de la Unidad Multicompetente de Samborondón; Santiago Zumba y José Luis Segovia, de la Corte de Cotopaxi; Emerson Curipallo y Ángel Lindao, de la Corte de Santo Domingo; y Carlos Zambrano Navarrete, de la Corte de Manabí.
También participaron funcionarios judiciales: Christian Sánchez, secretario de la Unidad Judicial Norte 2 de Guayas; Mayra Salazar, técnica de Comunicación de la Judicatura en Guayas; y Álex Palacios, excoordinador de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y actual director provincial de Chimborazo, este último era la mano derecha de Wilman Terán.
Dentro de la Policía Nacional, Norero también tenía sus colaboradores, quienes a cambio de dinero se encargaban de cuidar sus bienes, desaparecer y cambiar evidencia, filtrar información sobre los operativos o diligencias e incluso servirle de testaferros para ocultar el dinero obtenido a través del narcotráfico.
La Fiscalía no se libró de la contaminación del narcotraficante, los agentes eran los encargados de modificar delitos y retirar acusaciones. ¿Qué pasaba si no colaboraban? Corrían la suerte de la fiscal Lidia Saravia, que lo acusó de lavado de activos, a quien no pudo corromper y contra quien planificó un atentado y le iba a realizar depósitos sin su consentimiento, para acusarla de corrupción.
Mientras, otros funcionarios se encargaban de garantizar el confort de Norero y su familia en las cárceles donde estuvieron recluidos; Daniela Benítez, asistente administrativo de la prisión; y Dany Mendoza, agente penitenciario, les permitían ingresar objetos prohibidos, todo esto con la autorización de Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
En la exposición de las pruebas la fiscal general también mencionó a personajes de la política, entre estos Agustín Intriago, exalcalde de Manta asesinado en julio pasado, quien permitió el uso del Municipio para ejecutar delitos.
Por todo lo que los funcionarios, policías y jueces “suicidas” (nombre con el que se conocen a los magistrados que se venden a la delincuencia) hacían por Norero; eran bien remunerados, los pagos, que se depositaban en cuentas de familiares, podían ascender a medio millón de dólares; también se pagaba con joyas y hasta becas para los hijos en el exterior, específicamente en Rusia.
Correa acusado de filtrar información
Con la ejecución de 75 allanamientos a nivel nacional, la Fiscalía General del Estado logró detener a 31 personas vinculadas con el caso “Metástasis”, sin embargo, los investigados eran al menos 38, 7 huyeron, según la fiscal Diana Salazar, gracias a la alerta que el expresidente Rafael Correa emitió en sus redes sociales.
Al mediodía del 13 de diciembre, Correa informó en su cuenta de X que se realizaría un allanamiento nacional grande “contra gente que está molestando a la 10/20”, refiriéndose a Salazar; incluso conocía que el operativo estaría dirigido a funcionarios del Consejo de la Judicatura; esto lo hizo más de 12 horas antes de que se ejecute la operación.
Durante la audiencia de formulación de cargos la fiscal general advirtió que el exmandatario habría incurrido en un delito, que podría ser el de difusión de información restringida, por el que la pena va de uno a tres años de prisión; o del obstrucción a la justicia, por el que la sanción es similar.
Entre los fugados, según la fiscal, están varios abogados que negociaban los beneficios de Norero con los jueces, incluido Christian Romero, también defensor de la familia Bucaram; además de Daniel Salcedo, este último fue juzgado por la venta de medicina con sobreprecio en la pandemia y en este caso se encargaba de comprar armas para el narco.
