Con 107 votos afirmativos el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma tributaria propuesta por el presidente Daniel Noboa.
La votación del segundo debate de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo se realizó la tarde de este martes 19 de diciembre de 2023.
El Gobierno calcula que las reformas, una vez que se publiquen en el Registro Oficial, dejen unos 800 millones de dólares para el Presupuesto General del Estado en 2024.
Entre otros aspectos, en la denominada «Ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo», constan condonaciones de intereses, multas y recargos a deudores del Servicio de Rentas Internas.
Los legisladores apuntaron en el proyecto impedimentos para que no se puedan acoger a esta condonación tributaria los familiares del jefe de Estado hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
En noviembre pasado, el Ejecutivo envió la propuesta al Legislativo poco después de que el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, informara de una «grave situación económica» en el país.
«Tenemos la peor historia de la caja fiscal con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del tesoro», lamentó Vega en noviembre al reseñar la situación que encontró al asumir la cartera de Economía y Finanzas.
Retrasos millonarios
Vega informó el pasado lunes de que el Gobierno acumula atrasos en pagos por 4.317 millones de dólares, y comentó que realizaron un primer «esfuerzo gigante» para cubrir los sueldos de noviembre.
Tras ello, explicó, iniciaron diciembre con 95 millones de dólares en la caja fiscal y «obviamente ya los atrasos se acumularon aún más, entonces pasamos de 2.800 millones, que creo que teníamos cuando asumimos el Gobierno, a más de 4.000 millones».
«Fuimos cumpliendo de una manera responsable, pero obviamente eso solamente se fue empeorando (en) diciembre», un mes complicado para las finanzas por incluir un sobresueldo de ley que se debe entregar a los trabajadores.
Las cuentas por pagar se distribuyen entre la Seguridad Social, los gobiernos autónomos descentralizados, entidades públicas y proveedores del Estado.
Entre las necesidades prioritarias que atender, Vega mencionó la seguridad, salud, los potenciales efectos del fenómeno de El Niño, sueldos y transferencias dispuestas por la Constitución y la ley.
