El expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por el caso Metástasis, enfrenta otra investigación, por los abusos cometidos en sus funciones.
Cuando Wilman Terán era presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y Maribel Barreno era vocal de esta institución; junto con otro vocal todavía en funciones, Xavier Muñoz, hacían un “uso privativo y privilegiado del poder judicial, obstruyendo la justicia”, así lo señaló Wilson Toainga, fiscal general del Estado subrogante, quien ayer los acusó del delito de obstrucción de la justicia.
Para Toainga, Terán y Muñoz participaron en calidad de autores directos del delito investigado en el caso denominado ‘Independencia Judicial’, por lo que solicitó para ellos la prisión preventiva, el pedido lo realizó durante la audiencia de formulación de cargos, que se realizó este 27 de diciembre del 2023.
Mientras que fueron acusados como cómplices la exvocal Maribel Barreno y cuatro funcionarios del Consejo de la Judicatura: Andrés Jácome, secretario general; Marcela Vaca, subdirectora Nacional de Control Disciplinario; Carlos Garaví, subdirector Nacional de Control Disciplinario; y Katherine Luna, subdirectora Nacional de Gestión de Procesos.
Para Barreno y los cuatro procesados más, el fiscal Toainga solicitó prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo electrónico. Este 28 de diciembre del 2023, a las 11h00, se retomará la audiencia y se conocerán las medidas que disponga el juez para los siete procesados.
Si se le dicta prisión preventiva, esta será la segunda que pesa sobre Wilman Terán, quien ya cumple con esta medida en la Cárcel 4 de Quito, por el caso ‘Metástasis’, por el que fue detenido el pasado 14 de diciembre.
Por su parte, Xavier Muñoz también tiene otra investigación en su contra, por el delito de lavado de activos, por el que se ejecutaron allanamientos en mayo del 2023; tras los cuales el expresidente Guillermo Lasso le retiró su apoyo, en calidad de representante de la Presidencia de la República; y, además, el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para el ingreso a este país.
¿De qué se les acusa?
Según explicó ayer el fiscal Toainga, el actual proceso en contra de las autoridades de la Judicatura inició el pasado 19 de agosto, cuando con solo dos votos, de cuatro vocales presentes en la sesión, se destituyó al juez Walter Macías, quien justamente tenía que tratar el caso por tráfico de influencias que se les seguía a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.
Toainga señaló que los miembros de la Judicatura no solo se inventaron una mayoría inexistente, de apenas dos de cuatro vocales, sino que tomaron decisiones pese a que no todos los vocales habían recibido los expedientes disciplinarios que iban a tratar en la sesión antes mencionada.
Además, el fiscal recalcó que era evidente que Xavier Muñoz estaba en estado etílico durante la votación. Este 27 de diciembre el vocal no asistió a la audiencia de formulación de cargos y se informó que pidió vacaciones en la Judicatura.
Pero esta investigación tiene su origen en otra, en el caso ‘Vocales’, en el que se indaga por tráfico de influencias a Morillo y Barreno, cuyo juez nacional era Walter Macías, quien el día de la audiencia de formulación de cargos, el pasado 4 de mayo, fue recusado por la exvocal.
Desde esa fecha, según explicó el fiscal Toainga, iniciaron una serie de acciones dentro del CJ, con el objetivo de alejar al juez de la causa en contra de Morillo y Barreno, por lo que lo suspendieron y destituyeron de forma irregular.
Finalmente, Macías, a través de una acción de protección recuperó su cargo el pasado 14 de septiembre y asumió nuevamente el caso ‘Vocales’, tras lo cual, el 28 de septiembre del 2023 llamó a juicio a Morillo y Barreno, lo que les obligó a dejar de ser vocales de la Judicatura.
El origen del caso
La investigación por tráfico de influencias en contra Juan José Morillo y Maribel Barreno se inició después de que se filtraron audios en los que los exvocales y el juez de Pichincha, Vladimir Jhaya, ponían en evidencia la presión que ejercían sobre otros magistrados, para que fallen a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, quien a través de una acción de protección intentaba mantenerse en el cargo.
“Les voy a ser frontal y sincero, porque son de confianza. El presidente de la República (se refiere a Guillermo Lasso) personalmente me ha llamado el día de ayer, y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema, porque él ve que estas circunstancias no van a ir por buen camino, no van a ir en línea de derecho”, señala Morillo en uno de los audios en los que se escucha que intenta, sin éxito, que el juez Gustavo Osejo, quien integraba el tribunal que trataría la apelación de Llori, falle a favor de la exasambleísta.
