La mayoría de las preguntas de la Consulta Popular de Daniel Noboa se centran en reformas al COIP, que se pueden trabajar desde la Asamblea, sin convocar a las urnas.
Las 11 preguntas que el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional (CC), para ser sometidas a Consulta Popular, a criterio de los expertos son tibias, innecesarias, ya existen en la legislación ecuatoriana o pudieron ser tratadas en la Asamblea Nacional, como una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin necesidad de incurrir en un llamado a las urnas que le costará al país USD 60 millones.
Para el politólogo Alfredo Espinosa, la pobreza de contenido de la Consulta Popular del presidente Daniel Noboa deja ver que su objetivo real no es mejorar la seguridad en el país, sino cumplir con una oferta de campaña; además de la intensión de usarla como una plataforma política para su reelección.
“Apelar al ejercicio de democracia directa con temas que puede resolver la Asamblea Nacional, es una irresponsabilidad, esta es una consulta popular costosamente innecesaria; no solo por el costo económico, sino porque la ciudadanía está cansada de ir constantemente a las urnas”, afirmó el experto.
El constitucionalista Ismael Quintana resaltó además que la mayoría de las preguntas ya constan en otros cuerpos legales, como el propio COIP; la Ley de Seguridad Pública y del Estado; la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza; y, la Constitución, por lo que se hace innecesario consultar a los ciudadanos sobre estos temas.
Este es el caso de las preguntas 1 y 2, que pretenden un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas; cuando la Ley de Uso de la Fuerza ya permite que los militares apoyen a la Policía; mientras que la protección en los exteriores de las cárceles está permitida durante el estado de excepción. Además, Quintana recalcó que la CC ya le contestó a Guillermo Lasso, cuando propuso su consulta popular, que este tema requiere una reforma parcial, que debe trabajarse con la Asamblea.
Un paquete de reformas
Para Ismael Quintana, lo más preocupante de la Consulta Popular y que incluso podría radicar en un engaño, está en las preguntas de la 3 a la 7, pues se plantean ideas generales sobre el incremento de las penas, el uso de armas de fuego y la evaluación a los funcionarios judiciales, sin embargo, la propuesta de reforma no está incluida, sino que, en caso de que gane el Sí, el presidente Noboa tendrá 5 días para remitir el proyecto de ley sobre estos temas, que la Asamblea tendrá la obligación de aprobar en 60 días.
“No está proponiendo la aprobación del texto, propone un mandato de legislar, le obliga a la Asamblea a aprobar una ley, con lo que viola sus facultades, los asambleístas no tienen la obligación de aprobar las propuestas del presidente, está inobservando el trámite de aprobación de las leyes”, puntualizó Quintana.
Endurecimiento de penas
Entre las preguntas se incluye además una propuesta para endurecer las penas de los delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo, entre otros, lo que, para Christian Gallo, docente de Derecho de la UDLA, constituye lo que se denomina “populismo penal” o “derecho penal simbólico”, pues son anuncios que no aportan en nada a la seguridad y solo buscan calmar la alarma social.
“Está comprobado que el aumento de penas no implica que las conductas disminuyan, estas propuestas se convierten en espantapájaros que no ayudan en nada; el problema en Ecuador es que las penas no se cumplen, si el delincuente sabe que no le van a hacer cumplir la pena, pueden imponerle hasta la pena de muerte, que no la va a respetar”, puntualizó el experto.
En lo que respecta a la pregunta 8, que propone una evaluación y revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, los expertos señalan que el Consejo de la Judicatura y la Contraloría ya se encargan de eso; mientras que para la deportación de extranjeros solo se requiere de una reforma legal, que podría tramitarla la Asamblea.
El regreso de los casinos
La última pregunta de la Consulta Popular propone el retorno al país de los casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, los cuales fueron prohibidos desde mayo del 2011, cuando el 52% de la población se pronunció, a través de las urnas, en contra de este tipo actividades.
Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta es la única pregunta que tiene una alta probabilidad de ser calificada por la Corte Constitucional, pues se trata efectivamente de una reforma constitucional; el problema radica en lo que está detrás de este tipo de negocios, que podría ser el lavado de dinero.
El presidente Daniel Noboa, en una cadena emitida el 3 de enero del 2024, puntualizó que con esta pregunta se busca la reactivación económica; sin embargo, el experto en Derecho, Christian Gallo, considera que el precio que se pagaría por la dinamización de la economía sería demasiado alto, pues el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido a los países que la proliferación de casinos permite que el lavado de activos prospere.
