Con la calificación del proyecto en el CAL, inició el trámite de esta norma que llegó al Legislativo con carácter económico urgente y que propone el alza del IVA.
Este domingo 14 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el Proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, el cual fue remitido por el presidente Daniel Noboa y que propone el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12% al 15%.
Por decisión del CAL, el proyecto será analizado en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la gobiernista Valentina Centeno (ADN) y conformada por la mayoría conformada por ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), en la que se deberá elaborar los informes para primer y segundo debate.
Al ser un proyecto que se envió con el carácter de económico urgente desde el Ejecutivo, la Asamblea Nacional cuenta con solo 30 días para analizarlo, tiempo que corre desde el 11 de enero del 2024; si no se concluye su tratamiento hasta el 11 de febrero del 2024, la normativa entrará en vigor por el ministerio de la ley.
Sin apoyo en la Asamblea
En la Asamblea Nacional no hay apoyo para la aprobación del alza del IVA, las bancadas más numerosas, la Revolución Ciudadana (51 asambleístas), Construye (18) y el Partido Social Cristiano, PSC (18), se muestran contrarios a aprobar una norma que golpeará el bolsillo de los ecuatorianos.
Vicente Taiano, coordinador de la bancada del PSC, anticipó que su organización política no votará por la creación o aumento de ningún impuesto, pues consideran que existen otras alternativas para financiar el conflicto interno en materia de seguridad. Su compañero, Otto Vera, recalcó que lo máximo que podrían apoyar es la creación de una contribución especial, que sea temporal.
En Construye, para Nataly Morillo, el Gobierno debe buscar otras alternativas para recaudar fondos, que podría ser la focalización del subsidio a los combustibles, y no golpear el bolsillo de los ciudadanos de clase media y baja. “Esta medida tendrá un costo altísimo para la gente y encarecerá la vida de las familias”, dijo.
Desde el correísmo, el asambleísta Blasco Luna también espera que el primer mandatario busque medidas alternativas, como el incremento al Impuesto de Salida de Divisas (ISD) o un impuesto a las grandes fortunas. Pues, como lo señaló Fernando Cedeño, también de la Revolución Ciudadana, se debe cobrar a los que más tienen.
Para Adrian Castro (ADN), la Asamblea Nacional debe demostrar que está de lado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entidades que han estado abandonadas, para cuyo reforzamiento se requieren recursos económicos, los cuales se obtendrían con el alza del IVA.
“Hay que bajar un poquito los humos, así como en el 2016 le ayudamos a Manabí, tenemos que ayudarles a los policías y militares, el populismo hay que bajarlo un poquito este momento; hay cosas terribles en el país, el país tocó fondo, este momento el sacrificio, la eliminación de la burocracia desmedida”, afirmó Castro.
Características de la ley
La “Ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica”, está destinada para que el Gobierno subsane la deuda que tiene con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); la financiación del armamento para la guerra interna y la necesidad de mejorar los sistemas penitenciario, sanitario y social.
Con el alza del IVA, del 12% al 15%, el Gobierno planea recaudar, tras la aprobación en la Asamblea, de marzo a diciembre del 2024, USD 1070 millones, aunque para el experto Napoleón Santamaría, esta cifra podría llegar a los USD 2.000 millones, tomando en cuenta que por cada punto que se eleva en este impuesto el país recauda USD 675 millones.
Según la propuesta del presidente Noboa, el alza del IVA comenzaría a aplicarse desde marzo del 2024, pero no tiene fecha de fin, es decir, solo podría volver al 12% si es que se reforma esta ley.
Se mantendrá el 0% de IVA para los productos y servicios que actualmente no pagan este impuesto, incluidos los componentes de la canasta básica y artículos de primera necesidad; además, se mantiene la devolución de este impuesto a las personas de la tercera edad.
