En la cuarta propuesta de ley urgente enviada a la Asamblea por el presidente Daniel Noboa se incluyen temas relacionados con el comiso de bienes producto de actividades ilícitas.
El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional su cuarta propuesta de ley económica urgente, con el que pretende reformar siete cuerpos legales, relacionados principalmente con contratación pública, extinción de dominio y la incautación de armas para uso de policías y militares.
El jueves 11 de enero del 2024, el mandatario remitió al Legislativo la ‘Ley para enfrentar el conflicto armado interno’, en la que propone el alza de tres puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual fue su tercera propuesta con carácter de económica urgente y, según la Constitución, no se puede remitir más de una norma de este tipo a la vez; sin embargo, esto se puede hacer cuando rige un estado de excepción, a lo que el presidente se ha acogido.
El objetivo de la ‘Ley para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública’ es combatir la criminalidad económica y la corrupción, a través de lo cual se lograrían recursos para solventar la crisis de la caja fiscal que actualmente enfrenta el país.
Extinción de dominio
Según los argumentos del Gobierno, la ley tiene por objeto desincentivar la participación en actividades delictivas al atacar directamente el motor económico que impulsa dichas conductas, envía un mensaje de que el crimen conlleva no solo sanciones penales, sino también la pérdida de los beneficios económicos derivados de tales acciones.
Los recursos que se recuperen serán reinvertidos en el desarrollo de programas sociales, infraestructura, seguridad o servicios públicos, creando un ciclo virtuoso al transformar recursos vinculados al crimen en beneficios para la sociedad.
Para el constitucionalista Ismael Quintana la reforma no propone cambios significativos, sin embargo, sí acorta los plazos para llevar adelante los procesos en una ley que ya existe en el país desde hace tres años, pero no se la ha aplicado correctamente, lo que ha impedido ver sus beneficios.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el 70% de los casos por delincuencia organizada en Ecuador no se solicitaron medidas cautelares sobre los bienes de los implicados; mientras que, en apenas 1 de cada 10 procesos se realizó el comiso de bienes producto de los ilícitos, generando una impunidad económica efectiva del 93% en causas.
Reforma a la contratación pública
Para Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Contratación Pública, la propuesta de Noboa implementa cambios importantes para la prevención del lavado de activos en las compras públicas; se permite que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) evalúe a los contratistas; se impulsa la creación de observatorios ciudadanos que monitoreen estos procesos; y brinda flexibilidad al realizar los contratos.
En cuanto a la urgencia económica de esta parte de la norma, se plantea la inclusión en el marco del régimen especial de las compras que necesita realizar el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para mejorar el sistema penitenciario, con esto se da celeridad para enfrentar la violencia en las cárceles.
Uso de armas de delincuentes
En la disposición general única de la norma se establece que, todas las armas que fueren incautadas, confiscadas o decomisadas por autoridad competente en delito flagrante, serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país.
Además, la ley permite el decomiso de todo bien, maquinaria, equipo, insumos y vehículos que se encuentren utilizados por la minería ilegal, los cuales podrán ser usados de forma inmediata en procesos de remediación ambiental o prevención de riesgos, sin previa autorización judicial.
Críticas a la norma
La crítica a la cuarta ley urgente Noboa, entre los asambleístas y expertos, se centra en que Noboa incluyó en el texto al menos tres grandes reformas que, difícilmente tienen relación entre sí, lo cual está prohibido, pues toda ley debe tener unidad de la materia, es decir, tratar un solo tema o varios que estén relacionados.
“Definitivamente la relación es bastante forzada, el papel aguanta todo, estos temas se pudieron mandar por separado, en varios paquetes y habría funcionado mejor”, puntualizó Andrés Altamirano, coordinador del Observatorio de Contratación Pública.
Dentro del Legislativo y entre los expertos también se criticó que el presidente haya enviado una ley que se contrapone a la pregunta 2 del segundo paquete de la Consulta Popular, que remitió el 9 de enero del 2024.
«El problema está en que el anexo de la pregunta de la consulta se indica que el proceso no es de naturaleza penal y podría iniciar sin sentencia condenatoria, mientras en la ley dice que se requiere sentencia condenatoria ejecutoriada, es una contradicción”, explicó Ismael Quintana.
