La Comisión de Fiscalización aprobó este miércoles 31 de enero de 2024, con ocho votos afirmativos, el informe del proceso de fiscalización relativo a la crisis energética nacional.
En este, se responsabiliza políticamente a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
Además, a los exministros de Energía, Fernando Saltos Alvite y de Finanzas, Pablo Arosemena, por sus acciones u omisiones en este ámbito.
La mesa legislativa entregó el expediente a Contraloría a fin de que, en el marco de sus competencias, establezca las posibles responsabilidades civiles, administrativas y de orden penal por el mal manejo del sector eléctrico.
El organismo parlamentario, entre otros aspectos, concluye que la crisis energética de 2023 generó un alto costo para el país, cuyas pérdidas superan los 400 millones de dólares en los sectores productivos.
Además, más de 230 millones de dólares para el sector público, producto de la importación de energía desde Colombia, a un costo de 60 centavos de dólar por kilovatio, cuando la tarifa en Ecuador es de 9 centavos.
Asimismo, considera que esta crisis tuvo su origen en una institucionalidad debilitada desde 2018, a partir de la fusión de ministerios en el Ministerio de Energía y Minas.
El informe subraya en la inobservancia de las alertas emitidas por el Operador Nacional de Energía (CENACE) y la Corporación Nacional de Electricidad (CENEL EP), sobre los efectos del estiaje.
Frente a las alertas, la respuesta de las autoridades fue nula o tardía, pues jamás se dio la contratación de gas para la Termoeléctrica Machala, señala el informe de la Comisión de Fiscalización.
También se indica que hubo un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación. (I)
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