Los ecuatorianos volverán a las urnas antes de que finalice abril del 2024, para someterse a una Consulta Popular y Referéndum.
El viernes 9 de febrero del 2024 el presidente Daniel Noboa, a través de los decretos ejecutivos 162 y 163, convocó a Consulta Popular y Referéndum; los ecuatorianos deberán pronunciarse sobre 10 preguntas relacionadas con la inseguridad, con cambios en el sistema de justicia y sobre el régimen laboral.
Los decretos ejecutivos se emitieron después de que la Corte Constitucional (CC), a través del Auto 1-24-RC/24, emitido el jueves 8 de febrero del 2024, le informó a Noboa que las correcciones que le realizó a los textos de las preguntas y los anexos habían sido aceptadas y los jueces consideraban que el mandatario adecuó integralmente su propuesta de Consulta Popular y Referéndum.
Según el artículo 184 del Código de la Democracia, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conozca los decretos emitidos por el presidente de la República, contará con 15 días para convocar a elecciones.
En el CNE esperaban que la notificación del primer mandatario llegara este sábado 10 de febrero, con lo que comenzaría a correr el plazo de los 15 días para la convocatoria y el de los 60 días posteriores, en los que se debe efectuar la Consulta Popular y el Referéndum.
Tomando en cuenta que la notificación presidencial llegue en las próximas horas, la convocatoria a elecciones se realizaría el 25 de febrero del 2024, mientras que los 60 días para organizar las elecciones vencería el 24 de abril, tomando en cuenta que en el CNE no pueden exceder este plazo, los ecuatorianos acudirían a las urnas el domingo 21 de abril del 2024.
Pese a que la ley faculta al CNE a realizar las elecciones antes de los 60 días, el consejero José Cabrera espera que se tomen los plazos máximos, pues organizar un proceso electoral, en condiciones normales, puede llevar hasta un año, por lo que ejecutarlo en dos meses será complicado.
Precisamente el viernes de esta semana el CNE aprobó el calendario de las elecciones generales del 9 de febrero del 2025, en las que se elegirá a presidente de la República y asambleístas, las actividades y eventos se desarrollarán a lo largo de un año.
El pasado 22 de enero el presidente Daniel Noboa señaló que esperaba que la Consulta Popular se realice el 10 de marzo del 2024, pero, el tiempo que la Corte Constitucional (CC) se tomó para emitir los dictámenes de admisibilidad impidió que esta fecha se cumpla.
¿Qué se preguntará en la Consulta Popular?
Para ser votado en la Consulta Popular, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 162, en el que se incluyeron seis preguntas, las cinco relacionadas con temas de la seguridad, mientras que la sexta propone reformar la Ley de Extinción de Dominio, la cual esta semana ya fue modificada por la Asamblea Nacional.
La primera pregunta busca autorizar a las Fuerzas Armadas para que realicen control de armas en los exteriores de las cárceles, sin necesidad de que rija un estado de excepción.
La segunda interrogante plantea el aumento de penas para los delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
La tercera pregunta prohíbe que se puedan beneficiar de cumplir una parte de su pena en libertad, quienes incurran en los delitos mencionados en la interrogante dos, además de testaferrismo, tráfico de influencias, tenencia de armas y reclutamiento de niños con fines delictivos.
La cuarta interrogante establece la creación de un nuevo delito: tenencia o porte de armas que solo pueden poseer las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; la quinta pregunta está relacionada y busca que el armamento decomisado a las organizaciones delictivas pueda destinarse al uso de los miembros de las fuerzas del orden.
Preguntas para el Referéndum
Tras determinar que 4, de las 20 preguntas que envió Daniel Noboa a la Corte Constitucional (CC) deberán ser consultadas en Referéndum, es decir, vía enmienda a la Constitución, el organismo les realizó un análisis de constitucionalidad que concluyó con un informe favorable.
La primera pregunta que se hará vía Referéndum busca permitir la extradición de ecuatorianos, lo cual se prohibió en la Constitución del 2008; la segunda interrogante propone la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, actualmente cualquier juez puede tramitar estas causas, provocando un abuso de medidas como el habeas corpus.
La tercera pregunta reconoce el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, lo que también fue prohibido en el 2008; la última interrogante del Referéndum plantea la creación del contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
