El Consejo Nacional Electoral está asignando 60 millones de dólares para la realización de la Consulta Popular y Referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa. Esto ocurre simultáneamente a la divulgación de nuevos recortes en el presupuesto general del Estado, afectando sectores críticos como la Gestión de Riesgos y la Educación Superior.
La mayoría de las preguntas pueden resolverse en el Hemiciclo legislativo. Sin embargo, algunas reformas del COIP quedaron bloqueadas por la bancada oficial (ADN). Su aprobación habría invalidado varias preguntas de la Consulta Popular; al dejar sin efecto esta convocatoria, se habrían generado ahorros que podrían destinarse, por ejemplo, a fortalecer la Educación Superior.
La Universidad de Cuenca ha denunciado la reducción presupuestaria que enfrentará en 2024. Le tocará restar cerca de un millón y medio de dólares de sus actividades, incluida la capacidad para ofrecer más cupos. En 2023, alrededor de 20 mil jóvenes solicitaron un lugar en sus aulas, pero la institución solo pudo recibir a poco más de 4 mil. Sin la realización de la Consulta, la U de Cuenca, así como las demás universidades tendrían los recursos para seguir operando, a menos bajo los parámetros del 2023.
Si la Consulta no se llevara a cabo, la Secretaría de Gestión de Riesgos podría contar con un presupuesto similar al del año anterior, lo cual es crítico en medio de las inundaciones que afectan diversas áreas de Ecuador.
La paradoja radica en que, a pesar de los sacrificios en las universidades, la Gestión de Riesgos, el Ministerio de Agricultura, entre otros, el presupuesto para 2024 supera en casi 3 mil millones de dólares al codificado en 2023. Es evidente que la reducción presupuestaria no fue una medida de austeridad, sino una decisión política tan cuestionable como la convocatoria de otra Consulta Popular. (O)
