Dos nuevos escándalos de presunta corrupción envuelven a la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca (Emov).
El uno tiene relación con el alquiler de grúas, usadas para llevar los vehículos cuyos conductores infringen las normas de tránsito.
Una persona con aparente vínculo contractual con la Empresa para aquella actividad, habría recibido la llamada telefónica de un presunto representante suyo para plantearle un “acuerdo” a fin de mantener el contrato, estimado en más de medio millón de dólares.
El “acuerdo” implicaría direccionar el contrato a cambio de 25 mil dólares para el “mediador”, aparentemente entregándole información privilegiada.
Esta es una práctica casi común en el sector público, y no han sido pocas las denuncias, sin bien con magros resultados.
Sobre aquel particular, tan pronto como fue denunciado, la Fiscalía allanó una las de gerencias de la Emov. Su responsable, según dijo, ratificó haber detectado “procesos de contratación con inconsistencias” y, por lo tanto, está presto para las investigaciones de rigor a fin de frenar la corrupción.
No otra puede ser la actitud. El funcionario público está llamado a trabajar con ética y responsabilidad, comportamientos, por desventaja, en decadencia en el Ecuador.
El otro caso se relaciona con una infracción de tránsito (prueba del alcoholemia positiva) pasada por alto por el responsable de aplicar la ley. Se trata, según lo entendemos, de un agente civil de tránsito.
Conducir en estado de ebriedad deriva, por lo general, en accidentes de tránsito, mucho de ellos fatales. Y si esto se permite obviando retener al irresponsable, hasta podría considerarse como de complicidad.
En ambos casos, el alcalde de la ciudad y la gerencia de la Emov actuaron de inmediato para denunciarlos ante la Fiscalía y, según las investigaciones, se procese judicialmente a los responsables.
Ojalá, tarde o temprano, se conozca el desenlace de los procesos.
