La “fiebre” de chats

Análisis político Marco Salamea Córdova

Las publicaciones de mensajes electrónicos o Chats, relacionados con diversos casos de delincuencia organizada, ha cobrado fuerza en los últimos días; publicaciones efectuadas por la Fiscalía General del Estado, e incluso por un ex asambleísta que estaría involucrado en uno de dichos casos.

Entre esos chats están aquellos vinculados a los casos bautizados por la Fiscalía como “Metástasis” y “Purga”, que tendrían como principales indicios, respectivamente, las conversaciones de Leandro Norero (condenado por narcotráfico y posteriormente asesinado) y de Mayra Salazar (principal acusada en el segundo caso). A esos chats se sumarían en los últimos días supuestas conversaciones “íntimas”, publicadas por Rony Aleaga, entre éste y la Fiscal General Diana Salazar; y, luego la publicación de conversaciones de Rubén Chérrez, principal acusado en el caso “Encuentro” (o León de Troya) y también asesinado.

Un análisis objetivo del tratamiento dado a dichos chats permitiría evidenciar, por ejemplo, que no todos han tenido la misma cobertura mediática; una situación que asomaría condicionada por las implicaciones o los   intereses políticos a los que estaría ligado cada caso. Precisamente, en el marco de esas implicaciones o intereses, se ha ido creando en el imaginario colectivo la idea de que los chats constituirían de por sí la prueba de los delitos (o su materialización) y no indicios que jurídicamente deben ser sometidos a las pruebas en el marco justamente de los procesos judiciales que se abran. En este sentido, corresponderá a la Fiscalía demostrar ante los jueces, con rigor y profundidad, las pruebas necesarias y suficientes de la penetración del narcotráfico, y del crimen organizado, en las diversas instancias del poder estatal, y particularmente de su instancia judicial.

En este escenario se tornaría necesario trabajar con la misma fuerza y rapidez en todos los casos donde se sospeche ese tipo de infiltración, o cualquier forma de corrupción en el sistema público estatal, una manera de demostrar que la Justicia y sus instituciones no siguen politizadas y partidizadas o, aún más, una manera de evitar que la “fiebre” de chats se convierta en un mero distractor de la problemática económica y social que sigue viviendo el país.  (O)