Pugna entre la empresa proveedora y el Gobierno dejó a los presos sin servicio de alimentación.
Denisse Andino, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, presentó ante la Fiscalía General del Estado una notitiia criminis (revelación de un presunto acto delictivo), sobre actos de corrupción y delitos en los que habría incurrido la empresa La Fattoria, proveedora de los alimentos en las cárceles del país.
Andino no dio mayores detalles de la información presentada, pues señaló que se encuentra en un informe que ha sido calificado como secreto por parte del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), en el que se señala el cometimiento de actos ilícitos de carácter penal.
Sin embargo, posteriormente el Gobierno emitió un comunicado en el que dio a conocer los supuestos delitos en los que habría incurrido la empresa, se le señaló por vínculos con el crimen organizado y por monopolizar el servicio.
“El Gobierno del Nuevo Ecuador no dará cabida a ningún acto que atente contra la integridad pública, ni tampoco a relaciones con supuestos proveedores cuyos vínculos sugieran convivencia con el crimen organizado. A diferencia de las administraciones anteriores, en este Gobierno la impunidad no tiene cabida”, señaló en un comunicado la Secretaría de Comunicación.
Un monopolio de la alimentación
Desde el 2015, cuando a La Fattoria se le adjudicó por primera vez el contrato para alimentar a los presos de las 35 cárceles del país, la empresa ha renovado constantemente estos convenios, que le implican al país un costo anual de USD 35 millones.
Las denuncias de corrupción en contra de la empresa no son nuevas, en varias ocasiones el exasambleísta asesinado, Fernando Villavicencio, puso en evidencia que, pese a la mala calidad de la comida, de la que los presos que quejaban, los contratos con la Fattoria se seguían renovando.
Además, la empresa estaba relacionada con Provisali, que en cambio administraba los economatos dentro de las cárceles, es decir, las tiendas en las que se les vendían productos de primera necesidad, por los que sus familiares estaban obligados a depositar dinero.
Según informó el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, La Fattoría, desde el 2015 habría acumulado contratos por USD 171 millones, que habrían sido «destinados a financiar organizaciones criminales”.
Ingreso de armas
Pero lo más grave que denunció Villavicencio es lo que el Gobierno hoy deja entrever, la empresa proveedora de alimentos en las cárceles era la responsable de ingresar las armas para uso de los detenidos las que, posteriormente eran usadas durante las masacres carcelarias.
“Se preguntan ustedes, cómo entran las armas a las cárceles, esos fusiles, entran en pedacitos, en las ollas de comida, cuál es la empresa que maneja la provisión de comida en las cárceles, La Fattoria, la misma empresa que, desde hace algunos años, abastece de comida a las cárceles, ahí meten las armas, las municiones”, afirmó Villavicencio en su intervención en la Asamblea Nacional del 18 de mayo del 2022.
Villavicencio también señaló la relación que los líderes de las bandas delincuenciales tendrían con las proveedoras de servicios dentro de las cárceles, por ejemplo, los familiares del cabecilla de Los Choneros estaban a cargo de entregar el agua en los centros penitenciarios.
Denuncia tras finalización del contrato
Las acusaciones del Gobierno en contra de La Fattoria se dieron después de que el representante de la empresa, Richard Villagrán, denunció la falta de pago por parte del Estado, la deuda ascendía a USD 30 millones, que no solo correspondía a la comida en las cárceles, sino también a la entrega del desayuno escolar a nivel nacional.
“No solo la provisión de comida en las cárceles está en peligro, los dos procesos (el desayuno escolar) están en peligro, porque no nos han pagado desde noviembre y diciembre, tengo más de 300 proveedores que me han enviado cartas diciéndome: ya no tengo”, afirmó Villagrán en declaraciones emitidas hace una semana.
Precisamente, ante la falta de pago, la provisión de alimentos en las cárceles se suspendió desde el viernes 26 de abril del 2024; al consultarle sobre el tema al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), informó, sin dar detalles, que se habían implementado medidas para garantizar el servicio, estas acciones habrían sido pedir los productos a los familiares de los presos.
A través de un comunicado dirigido al presidente Daniel Noboa, el propietario de la Fattoria se defendió de las acusaciones del primer mandatario, pidió a la Fiscalía que investigue el caso y señaló que las acusaciones en su contra, al menos parecen, un pretexto para los USD 30 millones que le deben por los servicios prestado.
