La ley le quitó al Ministerio de Economía y Finanzas la potestad de repartir los fondos del Gobierno a los GAD.
Con 106 puntos afirmativos, 14 abstenciones y 17 asambleístas ausentes, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y no Permanentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con lo que se pone fin a la pugna permanente entre el Gobierno y los organismos locales, por la entrega de recursos económicos.
La nueva norma termina con la potestad que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de recibir todos los recursos del Estado y distribuirlos a los GAD, ahora el dinero no pasará por manos de esta entidad, sino que irá directamente de la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las subcuentas de los GAD, que deberá crear el Banco Central del Ecuador (BCE).
En la exposición de la Ley, se recalca que, con el cambio los GAD ya no dependerán del Gobierno central, que ha funcionado como un “mero recaudador” de lo que les correspondía recibir por ley.
El BCE será el responsable de transferir automáticamente a las subcuentas de los GAD, de manera mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, el monto que legalmente les corresponda de los ingresos permanentes y no permanentes.
Para conocer cuánto se les transferirá, el MEF deberá informar al BCE, dentro de los últimos días de cada mes, los aumentos o disminuciones correspondientes, los que deben ser comunicados públicamente; si esta información no se remite, se aplicará los últimos datos entregados.
La norma, que tiene seis artículos, una disposición general y tres transitorias, no es un nuevo proyecto de ley integral, sino reformas parciales a cuatro cuerpos legales: los códigos orgánicos de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Monetario y Financiero; de Planificación y Finanzas Públicas; y, la Ley Orgánica de Régimen Tributario.
Sanción por incumplimiento
Si el ministro de Economía y Finanzas no le informa al BCE los montos que se deben depositar a los GAD, podrá ser sujeto de un juicio político en el interior de la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.
Mientras que, si el gerente del BCE no transfiere el dinero a las subcuentas de los GAD, será sancionado «ipso jure» (de pleno derecho), con la suspensión inmediata de su cargo, previo el debido proceso que garantice su derecho a la defensa.
Las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados crecerán conforme a la tasa de crecimiento anual de los ingresos permanentes y de los no permanentes del Presupuesto General del Estado.
Devolución del IVA
La reforma legal además establece que los valores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que recauden los GAD no serán depositados en la cuenta del Servicio de Rentas Internas (SRI), sino que serán retenidos por los gobiernos locales que, solo deberán informar sobre los montos recibidos.
Este artículo debería ser innecesario, pues el pleno del anterior período legislativo ya aprobó una reforma en este aspecto, sin embargo, según explicó Henry Kronfle, presidente de la Asamblea y proponente de la Ley, el expresidente Guillermo Lasso, a través de un reglamento, modificó lo aprobado.
Plazo para pagar lo adeudado
La ley aprobada por la Asamblea Nacional este 7 de mayo del 2023, le otorga al Gobierno central 90 días para igualarse en todo lo adeudado a los GAD, a la fecha de entrada en vigor de la norma, el pago solo podrá ser en efectivo.
Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), se mostró ayer satisfecho con lo aprobado en la Asamblea, pues recalcó que los GAD se encuentran en una situación crítica, ante la falta de recursos. “Hemos tocado fondo”, dijo. A la fecha, el Gobierno les debía a los municipios USD 826 millones.
Por su parte Paola Pabón, presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), puntualizó que los retrasos del Gobierno central provocan afectaciones graves, como el retraso en la prestación de servicios, la paralización de obras, demora en el pago a los trabajadores, proveedores y contratistas. A las prefecturas se les debe USD 571 millones.
Aunque al momento el Gobierno está al día con las juntas parroquiales, recientemente se igualó en los más de USD 15 millones que les debía, según lo informó Pabel Cantos, presidente de Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare).
Todo lo logrado ayer podrá ser objetado por el presidente Daniel Noboa, a través del veto presidencial; si la objeción es parcial, la Asamblea necesitará de 92 votos para ratificarse en su texto inicial; si es total, la norma no podrá volver a ser tratada en un año.
