El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, con las que se cumplirá la voluntad popular, expresada en la Consulta Popular del pasado 21 de abril.
Como se lo aprobó en la Consulta Popular, los legisladores cuentan con 60 días para debatir y aprobar los cambios solicitados por el primer mandatario.
Según informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, las reformas que plantea el Ejecutivo tienen relación con el incremento de las penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.
También se refieren al cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles; establecer como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de la fuerza pública; y destinar las armas, explosivos entre otros artefactos utilizados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.
Además, se proponen cambios en la Ley de Extinción de Dominio, para que el Estado pase a ser propietario de los bienes que tienen origen ilícito o injustificado.
Según los datos definitivos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en 9 de las 11 preguntas de la Consulta Popular ganó el Sí, estas interrogantes estaban relacionadas con reformas para garantizar la seguridad y la justicia.
Mientras que en 2 preguntas se impuso en No, estas tenían relación con el arbitraje internacional en materia de inversiones y con el trabajo por horas. (I)
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