El segundo pedido de juicio político en contra de la fiscal se basa en las declaraciones del exasambleísta Ronny Aleaga.
Héctor Valladares, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), presentó un segundo pedido de juicio político en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado; según sus declaraciones públicas las causales eran dos, pero se ocultó una tercera, que guarda relación con la supuesta cercanía que el exlegislador Ronny Aleaga asegura haber tenido con la autoridad.
Públicamente, Valladares acusó a la fiscal de incumplimiento de funciones por su supuesta inacción ante la información recibida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en casos relacionados con el lavado de activos.
Además, la señala por no haber reiniciado la investigación por lavado de activos en el caso de Carlos Pareja Cordero (Capaco), lo cual el legislador considera crucial para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Fiscalía rechaza el pedido
Una a una, a través de un comunicado, la Fiscalía desvirtuó las dos acusaciones en contra de Salazar, en primer lugar, se puntualizó que el trabajo de la institución en contra del lavado de activos ha sido reconocido incluso a escala internacional, por entidades como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), cuya evaluación fue aprobada por Ecuador.
“Dichas declaraciones (del proponente del juicio) no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión”, señaló la Fiscalía.
La Unidad Especializada Antilavado de Activos de la Fiscalía tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en preparatoria de juicio, 23 en etapa de juicio y 8 en impugnación. “Solo estas cifras desmontan lo señalado por el asambleísta Valladares”, se recalcó.
En cuanto a la presunta inacción en el caso Capaco, la Fiscalía recalcó que este corresponde al 2016, cuando Salazar no era fiscal general, sino Galo Chiriboga, vinculado al correísmo.
El tema oculto
Aunque Valladares no informó sobre la existencia de una tercera causal, la Fiscalía la hizo pública, a la fiscal también se la pretende acusar de incumplimiento de funciones por su participación en reuniones y relación circunstancial y dolosa con procesados, en esto se refiere a las afirmaciones del exlegislador Ronny Aleaga (RC), que asegura haber mantenido conversaciones con Salazar.
“Citan las publicaciones de un procesado por delincuencia organizada y prófugo de la justicia, mismas que no tienen ninguna validez, pues son las afirmaciones de una persona investigada por sus vínculos con (el narcotraficante) Leandro Norero, por cuanto corresponden, únicamente, a un intento de deslegitimar la teoría de la Fiscalía”, recalcó la institución.
Desde inicios de abril, Aleaga ha publicado, a través de sus redes sociales, las conversaciones que supuestamente mantenía con Diana Salazar, que evidenciarían una relación personal, las que, según afirmó, habrían sido periciadas en Estados Unidos. Sin embargo, los chats entregados en la Fiscalía, según señaló la institución, carecen de validez y no son más que impresiones.
El martes 14 de mayo del 2024, la bancada correísta, que maneja la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, permitió el ingreso virtual de Aleaga en medio de la comparecencia de la fiscal general, a lo que Salazar ha señalado como un intento de boicotear el caso Metástasis, por el que el exlegislador es procesado y se encuentra prófugo de la justicia.
Pedidos de juicio político
El 22 de mayo del 2024 iniciaría el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, la proponente será Gissela Garzón (correísta), quien presentó la primera denuncia en contra de la autoridad.
Dos pedidos de juicio político han ingresado en contra de la fiscal general del Estado, los dos provenientes del correísmo, los proponentes son Gissela Garzón y Héctor Valladares.
