La manipulación de la Defensoría Pública

La comisión ciudadana de selección, grupo de apoyo al Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social (CPCCS), resucitó al ultra correista Jorge Ballesteros para que

sea, con altas probabilidades, el nuevo Defensor Público. Entre gallos y medianoche, el

martes pasado, quien fue descalificado por innombrable al estar inmiscuido en el caso

Metástasis; por el retiro de la visa a los EEUU; y, por su conexión directa con la Revolución

Ciudadana (RC), de pronto volvió a la carrera por ocupar la Defensoría Pública.

El CPCCS no da pie con bola. En la sesión del pleno del 3 de junio había decidido sacarle de

la lista a Ballesteros “por impresentable”, pero gracias a la decisión tránsfuga de los

seleccionadores, sigue en carrera. No tienen pantalones para reclamar estas barbaridades

a los miembros de esta “comisioncita” que se han burlado de la sociedad.

En su desenfrenada lucha para controlar la Justicia, la RC busca encontrar a un Defensor

Público de su bando, porque este funcionario puede nombrar a un vocal directamente en

el Consejo de la Judicatura, con lo cual seguirán en el intento exasperado de cooptar la

justicia para dar de baja o minimizar tantos procesos jurídicos que enfrentan muchos de

sus militantes.

Desde octubre de 2022 cuando empezó disque a “funcionar la comisión” sólo ha habido

escándalos e irregularidades. No han trabajado con normalidad; es increíble la ineptitud

de sus miembros, la falta de liderazgo, el pobre aporte con sus desatinadas actuaciones,

porque además se duda de la independencia del bloque ciudadano, por su procedencia

originada en sectores sociales politizados. Con cinco votos a favor y dos abstenciones, y

una marcada división de los diez miembros integrantes, está a punto de bendecirse una

patraña más de las cuales ya estamos acostumbrados.

Cuando el mamotreto del CPCCS se creó con la Constitución de Montecristi, que

supuestamente era de avanzada al buscar “la soberanía, dignidad, plurinacionalidad,

derechos de los indígenas, afroecuatorianos, montubios, soberanía alimentaria, mandato

ciudadano, desarrollo humano y derechos de la naturaleza”, nada más falso que el pueblo

ecuatoriano decente tome sus decisiones.

Por eso el CPCCS debe desaparecer. Su presencia es un dolor de cabeza para todos,

porque proceso en el cual se inmiscuye proceso que enciende las alarmas del miedo en

contra de la limpieza de las actuaciones y las buenas costumbres democráticas. Es posible

que a esta hora en la cual los amables lectores acceden a este artículo de opinión, se haya

consumado una desgracia más en contra de la decencia. Y falta nombrar al fiscal general, a

los miembros del CNE (asunto detenido porque no llega un informe jurídico de la

Procuraduría), y a los del Consejo de la Judicatura. Al país le esperan tiempos muy difíciles

para solventar su institucionalidad.  (O)

DZM

Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación Social con experiencia en coberturas periodísticas, elaboración de suplementos y materiales comunicacionales impresos. Fue directora de diario La Tarde y es editora.

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba