El exfuncionario de Turi recibió 200 mil dólares por integrar la red delincuencial que investiga el caso Plaga.
Fue una madrugada desperdiciada, así calificaron fuentes de la Fiscalía General del Estado a los allanamientos que, por el caso Plaga se efectuaron el 29 de junio del 2024 en cinco provincias, incluida la del Azuay; es que de los 17 investigados a los que se buscaba procesar, solo fue capturado un juez. Un exdirector y exfuncionario de la cárcel de Turi también huyó.
Como parte de estas dilligencias del caso Plaga, en Cuenca, provincia del Azuay se allanó el domicilio de Xavier Raúl Armijos Bermeo, exfuncionario de la cárcel de Turi, pero tampoco fue encontrado en el sitio, en donde se recabaron documentos, dos celulares y dispositivos de almacenamiento de información, pero no se lo pudo detener.
Se advierte que la información se filtró y se alertó a los involucrados, por la cercanía de los procesados con el sector de la justicia. Durante la audiencia de formulación de cargos, que se realizó la tarde y noche del 29 de junio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó que se capturó a uno más, pero, el resto logró evadir a la justicia.
Salazar informó que todos los procesados tienen relación entre ellos y eran parte de la red liderada por el abogado Christian Romero, quien sigue prófugo, que se encargaba de liberar, conseguir beneficios penitenciarios y manipular a la justicia a favor de miembros de organizaciones delictivas peligrosas.
¿Por qué se investiga en el caso Plaga a exfuncionario de Turi?
Xavier Raúl Armijos Bermeo fue vinculado al caso Plaga como exfuncionario de la cárcel de Turi, estaba a cargo del Área Jurídica, cuya posición aprovechó para captar a presos dispuestos a pagar para conseguir su ilegítima liberación, además que agilitaba la emisión de boletas de excarcelación.
Durante la audiencia de vinculación, que se efectuó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la fiscal general señaló que el vinculado por el caso Plaga recibió, de manos de la delincuencia organizada, 200 mil dólares.
Solo del juez Banny Molina, procesado y destituido por ordenar la libertad al exvicepresidente Jorge Glas, recibió 77.500 dólares, que fueron depositados por familiares del magistrado. Estos depósitos se realizaron para pagar la gestión de Armijos dentro de Turi.
Xavier Raúl Armijos Bermeo se desempeñó como funcionario en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), en el que ocupó varios cargos, también trabajó en la Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura y en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En 2022 fue director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Azuay 1, conocido como la cárcel de Turi; según la declaración juramentada que ingresó en la Contraloría General del Estado, inició funciones el 31 de mayo del 2022, aunque no especifica la fecha de fin de gestión.
Además, fue asistente de Fiscalía, secretario de la Dirección Provincial del Azuay del Consejo de la Judicatura, asistente administrativo en el CNE, el último cargo que tiene registrado en el sector público es el de abogado en el SNAI, en el que empezó en febrero del 2023, no registra su salida en Contraloría, pero, actualmente ya no estaba enrolado en esta institución.
El investigado registra un título de abogado por la Universidad Católica de Cuenca y otro de maestría por la Universidad Internacional de América Latina de Nicaragua, institución que no está autorizada para ofertar carreras en Ecuador, sin embargo, se basó en una acción de protección para que se le legalice la titulación, según se especifica en el registro de la Secretaría de Educación Superior.
Juez detenido
En el marco de los allanamientos que se realizaron la madrugada del 29 de junio del 2024, fue detenido el juez de Garantías Penitenciarias de Santo Domingo de los Tsáchilas, José G. H. En el sitio también se levantaron indicios, como equipos electrónicos y documentación. En esta provincia se realizaron tres allanamientos más.
El juez habría recibido 70 mil dólares por conceder la libertad a miembros de la banda delincuencial Los Lobos, cercanos al cabecilla de este grupo, Fabricio Colón Pico.
Mientras que en el cantón Milagro, de la provincia del Guayas, se allanó el domicilio de la jueza de la Unidad Judicial Penal, Adriana Carolina Z.C. en donde se encontró dinero en efectivo (11.800 dólares), un dispositivo móvil y documentos; pero la magistrada no fue ubicada.
Al funcionario judicial que se buscaba detener en Tumbaco, un sector exclusivo de la ciudad de Quito, le alertaron con más tiempo de anticipación, lo que le permitió vaciar su domicilio para cuando llegó el personal de la Fiscalía y la Policía Nacional.
También se efectuaron allanamientos en la provincia de Chimborazo, se buscaba al abogado Bryan Guillermo P. Z., pero tampoco estuvo en su domicilio, solo se recabaron indicios.
¿Qué se investiga en el caso Plaga?
La Fiscalía General del Estado investiga los casos Metástasis, Purga y Plaga, todos relacionados con la infiltración de la delincuencia organizada en el sistema de justicia, en la Policía Nacional y en el SNAI, el primero se trata sobre autoridades a nivel nacional, el segundo solo de la provincia del Guayas y el tercero en otras provincias.
Por el caso Plaga, tras una primera ronda de allanamientos efectuados en abril del 2024, se detuvo a 14 personas, la mitad de ellos son funcionarios públicos. El testimonio anticipado de los jueces Hugo Lara y Lenin Vimos, actualmente detenidos, dejó en evidencia cuánto se cobraba por cada proceso en el sistema de justicia, un habeas corpus podía llegar a costar 60 mil dólares.
La audiencia de formulación de cargos inició a las 17h00 del 29 de junio, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito; esto debido a que en el caso Plaga se investiga a varios jueces, incluidos algunos de nivel provincial, que tienen fuero de corte nacional, por lo que son procesados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La audiencia concluyó la madrugada del 30 de junio, el luez de la Corte Nacional acogió el pedido de la fiscal general y dictó prisión preventiva para 14 procesados; mientras que para otros 2 se ordenó el arresto domiciliario y el uso de dispositivo electrónico por ser adultos mayores; para una de las procesadas, en estado de gestación, se dictó la prohibición de salida del país y la presentación periódica.
