La Corte Constitucional declaró la inconstitucional del último estado de excepción decretados por Daniel Noboa.
El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 318, estableció un nuevo estado de excepción, esta vez focalizado en seis provincias: Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Orellana; además del cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en el Azuay.
Previamente, la Corte Constitucional (CC) le negó a Noboa dos pedidos similares, el primero para aplicarse en cinco provincias y el segundo en siete provincias y en el cantón Camilo Ponce Enríquez; cuyos decretos fueron declarados inconstitucionales por errores de fondo y de forma.
Esta vez, el primer mandatario ha apelado a la existencia de una grave conmoción interna lo cual, a criterio del constitucionalista José Chalco, podría darle un mejor resultado ante la CC, pues se ajustaría a los estándares que, en los anteriores dictámenes de constitucional le ha señalado la Corte.
“Debe demostrar, al menos, que la intensidad de los hechos afecte gravemente el ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad; y, la convivencia normal de la ciudadanía; y, que los acontecimientos generen una considerable alarma social”, señaló el experto.
Una medida innecesaria
Aunque en el decreto se menciona la reforma al artículo 158 de la Constitución, aprobada en la Consulta Popular del pasado 21 de abril, que permite la participación de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el orden interno por 180 días; el Gobierno descartó la posibilidad de aplicarlo directamente, pese a que lo tiene permitido.
Para, Wilson Goyes, experto en Seguridad y director de Escuela de Riesgos de la UIDE, el apoyo de los militares a la Policía Nacional ha demostrado ser efectivo, pues logró controlar la violencia en Esmeraldas, luego en Guayas y ahora en Manabí; lo que le parece innecesario es que Noboa insista en que este apoyo sea ratificado en la CC, cuando ya no es necesario, pues el pueblo se lo autorizó en las urnas.
“La confrontación da réditos políticos, por eso muchos prefieren emplearla, pero no es lo mejor para los ciudadanos, que necesitan que sus autoridades se concentren en lo realmente importante, que es en este caso es combatir a la inseguridad, entrar en conflicto con la Corte es innecesario”, afirmó el experto.
Cifras que no concuerdan
Para justificar el pedido de estado de excepción, el Gobierno presentó varios hechos violentos ocurrido en algunas provincias del país, lo que confirmaría la causal de grave conmoción interna para lo cual, según se argumenta, no basta el accionar de la Policía, sino que se requiere del apoyo militar.
“La inseguridad en el país continúa escalando a niveles históricos, solo entre enero y mayo del 2024 en Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos y el cantón Camilo Ponce Enríquez suman 1.920 muertes violentas”, se señala en el decreto.
Sin embargo, el pasado lunes, en la rueda de prensa que brindó el Bloque de Seguridad, se informó que, entre el 1 de enero y el 30 de junio los homicidios se redujeron en un 17% a nivel nacional, lo que equivale a que, en comparación con el mismo período del 2023, existen 621 muertes menos.
Para Renato Rivera, del Observatorio del Crimen Organizado y docente de la UDLA, esta falta de concordancia entre las cifras que se entregan en el marco político, para demostrar que la gestión gubernamental es efectiva, y las que se remiten técnicamente, le podría costar al Gobierno una nueva declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la CC.
“Puede ser que la Corte le pida al Gobierno una explicación de estas cifras que no cuadran y le permita aclararlas, pero puede ser también que simplemente declare el estado de excepción inconstitucional, como ha ocurrido antes”, recalcó el experto.
Expertos internacionales avalan estado de excepción
Para evitar que la Corte le diga nuevamente que no, Noboa buscó la asesoría y el aval de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), institución que, en su calidad de observadores jurídicos, presentó un informe en el que se estableció que, dada la situación de inseguridad que enfrenta el país, una medida como la que propone el Gobierno es necesaria y legal.
Sin embargo, para el constitucionalista José Chalco, la presentación de este aval internacional es una muestra de que el Gobierno carece de una asesoría legal adecuada, pues una asociación internacional de juristas no tiene nada que aportar en un proceso estrictamente del constitucionalismo ecuatoriano.
“En lo que deberían centrarse los asesores del Gobierno es en cumplir estricta y celosamente con los requisitos de la Constitución y con los dictámenes que la Corte Constitucional al respecto ha generado”, recalcó el experto.
