El correísmo, que lideró el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) desde su creación, en 2008, volvió a tomar control del organismo, esta vez se reactivó para designar a Mario Fabricio Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura, quien es un abogado ligado al Gobierno de Rafael Correa y cuestionado por la defensa de personajes de esta tienda política y de personas acusadas por narcotráfico.
Para Mishelle Calvache, vicepresidenta del CPCCS, está claro que el líder de los integrantes de la Liga Azul (recibieron el apoyo de la Revolución Ciudadana en la campaña) es Augusto Verduga, vocal del Consejo que, con el objetivo de dar su voto para elegir a Godoy renunció a su permiso de paternidad, a solo tres días de nacido su hijo.
La nueva mayoría está integrada por Augusto Verduga y Yadira Saltos, integrantes directos de la Liga Azul, a quienes se unieron Johanna Verdesoto y Nicole Bonifaz, estas últimas vocales han sido parte de las dos mayorías, correísta y anticorreísta, en distintos momentos.
Con estos cuatro votos y con el apoyo del vocal Juan Esteban Guarderas, a quien se le ha vinculado con el actual Gobierno, el correísmo logró reconsiderar la designación de la académica Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura, quien fue declarada ganadora del proceso el pasado lunes, decisión que se revió el miércoles y se designó a Mario Godoy.
¿Quién es Mario Godoy?
Según la Radiografía Judicial elaborada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mario Godoy tiene fuertes vínculos con el correísmo, ocupó varios cargos durante el Gobierno de Rafael Correa.
Entre el 2011 y 2012, durante la gestión como ministra de Johana Pesántez, Godoy fue director de Cultos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; también trabajó en el CPCCS, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Más adelante, entre 2017 y 2021, fue prosecretario en la Asamblea Nacional, director de catastro en el Ministerio de Defensa, de Investigación de Actos de Corrupción en la Presidencia de la República y de Asesoría Jurídica en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre otros.
A la postulación a la Judicatura se presentó como abogado en libre ejercicio, aunque pocos días antes había renunciado a su cargo de procurador de la empresa pública de petróleos Petroecuador.
La objeción a la postulación
La postulación de Mario Godoy recibió dos impugnaciones, ingresadas ante el CPCCS por los ciudadanos Roberto Coello y Diana Pardo, en los dos casos le señalaron por defender judicialmente a personas vinculadas con el narcotráfico, tanto en Ecuador, como en Estados Unidos.
Godoy fue el abogado de los hermanos Eduardo y Pablo Larrea, acusados de narcotráfico y delincuencia organizada; el primero fue director de la Dirección de Aviación Civil (DAC) durante el Gobierno de Rafael Correa.
Sin embargo, la impugnación en contra de Godoy no quedó en firme, pues ninguno de sus dos acusadores participó de la comparecencia ante el pleno del CPCCS, pese a que llegaron a las oficinas de la institución, pero luego se retiraron; según Michelle Calvache, fueron amedrentados.
Vinculación política
Durante la presentación de su plan de trabajo, Mario Godoy fue cuestionado por su defensa a políticos ligados con el correísmo, incluido Alembert Vera, exabogado de Rafael Correa y expresidente del CPCCS.
Godoy se defendió, argumentando que “de ninguna manera” el patrocinio electoral en una causa contenciosa electoral genera algún vínculo con el partido político al que represente dicho cliente. “Eso no me convierte en adherente permanente o afiliado”, dijo.
Temas pendientes en la Judicatura
En manos del flamante presidente del Consejo de la Judicatura, que durará seis meses en el cargo, está el avanzar con el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que previamente fue declarado nulo por las irregularidades cometidas durante la gestión de Wilman Terán, vinculado al caso Metástasis.
En la Judicatura también se trabaja en la elección de 586 jueces que integrarán el banco de elegibles en todo el país y está próxima la evaluación y selección de jueces constitucionales.
Por el nivel de responsabilidad que tendrá el nuevo funcionario, se ha cuestionado su cercanía con el correísmo y las acciones que esta organización llevó adelante para lograr su posesión; el Comité Empresarial Ecuatoriano, a través de un comunicado, rechazó el nombramiento.
“Es inaceptable que se continúe con prácticas manipuladas para poner autoridades a conveniencia, socavando los principios democráticos y del Estado de Derecho”, recalcaron los empresarios.
