Mientras los unos defienden los derechos de los animales, el sector productivo advierte el alza de costos, por las excesivas sanciones.
El 1 de agosto del 2024 en el Pleno de la Asamblea Nacional se realizó el primer debate de la Ley de Protección Animal, una norma que ha generado expectativa y polémica, por la serie de derechos que otorga los animales, que han sido calificados de excesivos por algunos sectores.
Aunque en el informe para primer debate se eliminaron ciertos artículos polémicos tratados en la Comisión de Biodiversidad, como la prohibición de exhibir animales muertos, lo cual es una costumbre en Ecuador; para el sector productivo la norma mantiene restricciones que afectarán a la cadena de producción y encarecerán los costos para el consumidor.
Quienes expusieron su oposición a la norma forman parte del colectivo Bienestar Animal, que agrupa a gremios y empresas, que advirtieron sobre el exceso de sanciones que contiene; lo cual fue corroborado en el propio informe para primer debate, en el que se señala que las 182 sanciones que establece el proyecto propuesto por la Defensoría del Pueblo tiene una excesiva carga de prohibiciones, lo que criminaliza la interacción entre las personas con los animales.
Alza de costos
A través de comunicados, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) y la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO) pidieron a la Asamblea que no se aprueben artículos de la Ley de Protección Animal que consideran peligrosos, pues significarían una elevación de costos para estos sectores que, con un país en crisis económica, les resultará difícil asumir a los consumidores.
“No estamos en contra de la promulgación de una ley que defienda el derecho de los animales, pero sí apelamos a que la Comisión de Biodiversidad escuche al sector productivo, pues con los cambios que proponen los costos de producción se van a elevar, la canasta básica va a ser mayor y los afectados serán la clase popular y los pobres, que van a terminar condenados a ser desnutridos”, afirmó Ángel Pérez, gerente de AGSO.
A lo que Pérez se refiere de forma específica es a los cambios que la norma exige en el tratamiento de los animales criados para el consumo humano, cuyas jaulas y sitios de estancia deberán cumplir reglas internacionales, lo que implica una nueva inversión para los productores.
Además, la ley establece que no se puede faenar animales sin un previo adormecimiento; se debe precautelar su bienestar cuando se los extrae de las piscinas, en el caso de los peces; los animales de carga deben tener una jornada laboral que no puede excederse y debe establecerse una edad de jubilación.
Para Christian Wahli, presidente ejecutivo de ANFAB, los cambios propuestos en la norma no solo podrían producir una elevación en los costos de producción, sino incluso el desabastecimiento de la proteína animal y la proliferación del contrabando.
“Las trabas administrativas, prohibiciones y restricciones planteadas en la Ley de Protección Animal afectarán la inversión productiva, local y extranjera, cerrando aún más las posibilidades de generación de empleo. El sector agroalimentario representa cerca del 45% del PIB de manufactura, participa en más del 50% de las exportaciones y da empleo a más de 5 millones de personas”, recalcó Wahli.
Sujetos de derechos
La norma que actualmente se debate en la Asamblea fue elaborada por la Defensoría del Pueblo, que acató la Sentencia No. 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional, que estableció que los animales son sujetos de derechos.
Para quienes se pronunciaron en contra de la norma en el pleno de la Asamblea, es en este tema donde radica el problema, pues se está dando a los animales una categoría superior, incluso sobre los humanos, así lo recalcaron una serie de expositores provida que señalaron que la Ley da más derechos a un animal que a un niño por nacer.
Denuncian intereses de las empresas
Del otro lado, entre quienes defienden la normativa están los grupos animalistas, que ayer denunciaron presión en contra de los legisladores por parte del sector productivo, que buscarían hacer prevalecer sus intereses económicos.
Shady Heredia, coordinadora del colectivo Ley Orgánica Animal, señaló que con los cambios que se le han realizado a la norma se estaría incumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional, pues se conservan los tratos crueles de los animales.
“Los animales seguirán siendo enjaulados toda su vida, en espacios reducidos donde ni siquiera pueden darse la vuelta; además se los condena a seguir siendo triturados vivos; se mantiene el dominio del humano sobre el animal, incumpliendo la sentencia, basados en especulaciones de un supuesto aumento de costo”, afirmó Heredia.
