La denuncia de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra del primer mandatario, Daniel Noboa, fue admitida a trámite por el juez Fernando Muñoz, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien fijó la audiencia para escuchar a las partes para el 12 de septiembre del 2024.
La demanda de Abad contra Noboa es por violencia política de género, considerada una infracción electoral muy grave.
Según el artículo 280 del Código de la Democracia, la sanción puede llegar a la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos por cuatro años y una multa de hasta 70 salarios básicos unificados (32.200 dólares).
Si en TCE llegan a sancionar al presidente de la República, no podría participar en el próximo proceso electoral, donde buscará la reelección.
En su denuncia la vicepresidenta expone que, de los 13 tipos de actos de violencia política establecidos en la norma, el presidente y tres de sus ministros incurrieron en 7 de estas causales.
Las causales que expone Abad contra Noboa
En primer lugar, según Abad, Noboa y sus funcionarios la amenazaron e intimidaron a ella y su familia, con el objetivo de anular sus derechos políticos, presionándola para que renuncie a su cargo; el fin de esta presión es que el mandatario no se vea obligado encargarle la Presidencia mientras realiza campaña por la reelección.
Además, la han denigrado con el objetivo de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos; para probar esto, Abad presentó una serie de entrevistas en las que Noboa y sus ministros la tacha de ambiciosa, mala madre, desagradecida, desleal, entre otros epítetos negativos.
El tercer argumento guarda relación con el anterior y se refiere a la divulgación de mensajes basados en estereotipos de género que reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos.
El envío a Israel
Además, la segunda mandataria ha presentado pruebas de cómo el Gobierno de Noboa, arbitrariamente y enviándola como embajadora a Israel, ha limitado el ejercicio de su cargo como vicepresidenta, impidiendo que lo ejerza en condiciones de igualdad, pese a que también fue electa por el voto popular y la inclusión de un binomio mixto obedece al respeto a la paridad exigida en la ley.
La quinta acción en la que habría incurrido Noboa, según Abad, es la de evitar que ella, en ejercicio de sus derechos políticos, asista a actividades que implique la toma de decisiones, en igualdad de condiciones; el aislamiento de la vicepresidenta empezó desde el mismo día de la posesión.
También se le ha restringido el uso de la palabra; Abad presentó como prueba varios oficios en los que desde la Cancillería y la Presidencia de la República se le prohíbe dar entrevistas y realizar informes sobre sus labores en Israel.
Como último acto discriminatorio, Verónica Abad puntualiza que se le han encomendado tareas ajenas a las atribuciones que debería tener como vicepresidenta, limitando el ejercicio de la función política; pues se la envió a Israel como embajadora y se reestructuró la Vicepresidencia de la República.
Para argumentar estas siete acciones discriminatorias, Abad asegura contar con 12 pruebas documentales y periciales, la mayoría consisten en videos en los que Noboa y sus ministros la atacan públicamente; además están los decretos y documentos con los que el presidente y los funcionarios ordenaron su traslado a Israel, le prohibieron dar declaraciones, le retiraron la seguridad a ella y su familia, entre otros.
“La violencia contra mi persona es por haberme atrevido a ser una mujer política autónoma en el ejercicio de mis funciones, las que asumí por el voto de los ecuatorianos”, afirmó Abad en su denuncia.
Detalles de la demanda
El auto de admisión de la demanda impuesta por Verónica Abad fue emitido por el juez Fernando Muñoz en contra de Daniel Noboa, presidente de la República; Esteban Torres, viceministro de Gobierno; Gabriela Sommerfeld, canciller; y Diana Jácome, asesora presidencial.
La denuncia ingresó el pasado 8 de agosto, fue sorteada el 13 de agosto y el 15 de este mismo mes el juez le otorgó a Abad dos días para que aclare algunos puntos de su demanda, lo cual fue cumplido el 19 de agosto por los abogados defensores de la vicepresidenta.
El juez fijó para el 12 de septiembre del 2024, a las 10h00, la audiencia única de pruebas y alegatos, que se desarrollará en las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en Quito.
Además, el magistrado le negó a Manuel Peñafiel la posibilidad de participar en la audiencia en calidad de Amicus Curiae, porque esta figura no existe en la justicia electoral.
El ciudadano que solicitó el Amicus Curiae tiene cercanía con el correísmo, fue quien solicitó uno de los habeas corpus que han buscado beneficiar al exvicepresidente Jorge Glas. (I)
