Petroecuador comenzó el apagado del bloque ITT

El apagado y taponamiento de cada pozo le costará al país 1 millón de dólares.

28 de agosto del 2024, el Gobierno inició el proceso de apagado de pozos, en el Bloque 43- ITT, ubicado en la provincia de Orellana, en cumplimiento con la Consulta Popular efectuada en agosto del 2023. Foto: Ministerio de Energía.

El Gobierno inició este 28 de agosto del 2024 con el apagado paulatino del bloque petrolero 43, Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), ubicado en el parque nacional Yasuní; en cumplimiento de la voluntad del pueblo que, hace un año aprobó, en Consulta Popular, que se suspenda la explotación en este lugar.

En un acto en el que participó el ministro de Energía, Antonio Goncalves; y el gerente de Petroecuador, Diego Guerrero, se realizó el cierre definitivo de uno de los 247 pozos que posee el campo petrolero, los cuales se irán clausurando hasta finales del 2029.

En el pozo Ishpingo B-56, ubicado en Aguarico, cantón de la provincia de Orellana, se colocó un letrero en el que se señaló la fecha en que entró la operación, en septiembre del 2023, y cuando fue abandonado, agosto del 2024.

Según el informe que el Gobierno remitió a la Corte Constitucional (CC), a la que le solicitó la autorización para realizar un cierre paulatino del campo, se especificó que la clausura de cada pozo le costará al país 1 millón de dólares, es decir, el total asciende a 247 millones.

La sentencia con la que la CC autorizó la realización de la Consulta Popular estableció que, al cumplirse el año de la promulgación de los resultados electorales, lo cual ocurrirá mañana 30 de septiembre, el Gobierno deberá cerrar los pozos, sin embargo, le solicitó a la Corte la aprobación de una clausura paulatina, que llevará de cinco a diez años.

Según el plan de las autoridades, desde octubre y hasta diciembre del 2024 se tiene planeado cerrar 10 pozos; y a partir del 2025 se continuará con un apagado y taponamiento de 48 pozos por año.

Yasunidos está inconforme

Yasunidos, organización ambientalista que impulsó la Consulta Popular que proponía el apagado del bloque ITT, emitió ayer un comunicado al cual tituló: “Noboa se burla del mandato popular del Yasuní”, al haber cerrado apenas uno de 247 pozos que posee el campo petrolero.

La oenegé exigió a la CC que convoque, de forma inmediata, a una audiencia de verificación de la sentencia, pues existirían pruebas contundentes que demuestran un incumplimiento flagrante de la Consulta Popular, al continuar con la explotación.

“A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa por aparentar que ha trabajado por el cierre del Bloque 43, no ha hecho más que ruido, sin ningún avance real”, señaló la organización.

Yasunidos puntualizó que hasta el momento el Gobierno ha cumplido con solo una de las cinco medidas dispuestas previamente por la CC, que implica el no firmar nuevos contratos para la explotación del bloque, pero el resto de las acciones, entre estas el cierre definitivo de los pozos, siguen pendientes.

“La falta de avance en el cierre progresivo y ordenado demuestra que la intención nunca fue cumplir con la voluntad del pueblo ecuatoriano”, recalcó Yasunidos en su pronunciamiento público.

Según los resultados electorales definitivos emitidos por el CNE hace un año, el 58,95 % de los ecuatorianos, 5´541.585 de electores, votaron por el Sí, a favor de que el Gobierno ecuatoriano mantenga en el subsuelo el crudo del ITT, conocido como bloque 43. El 41,05%, 3´859.507 de votantes votaron por el No.

Perdida económica

De acuerdo con la certificación de reservas realizada por la empresa Ryder Scott, a mayo de 2020, se estimó que el bloque 43 contaba con una cantidad de reservas que ascendía a 841 millones de barriles de petróleo, que se quedarán sin explotar; lo que equivale, al precio actual de 60 dólares el barril de crudo, a 50 mil millones de dólares que el país no percibirá.

Para el economista Alberto Acosta Burneo, los ecuatorianos, al aprobar la Consulta Popular de Yasunidos, se dieron un “disparo al pie”, pues se estima que el país dejará de recibir un ingreso neto de 1.200 millones de dólares anuales, justo en plena crisis económica.

“A esto hay que sumarle los 1.800 millones de dólares que el país invirtió en las instalaciones petroleras y los 600 millones de dólares que le costará el desmontar la infraestructura”, recalcó el experto.