La medida incluye a los municipios de Girón y Oña, en la provincia del Azuay, donde se firmó para la instalación de 8 radares.
Como “extorsionadores de la CTE”, calificó Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, a los cientos de radares que 32 municipios habían colocado a nivel nacional, los cuales salieron de operación.
“Antes eran extorsionadores de la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador), ahora son preventivos y no están recaudando recursos”, así lo anunció el ministro Luque, quien el lunes 2 de septiembre del 2024 dispuso la suspensión de las operaciones de 100 de estos equipos.
Según Luque, en las próximas semanas se van a exponer cómo, “con artimañas legales”, los consorcios que cobraban estas multas extorsionaban a los conductores, a lo que las sanciones incluso les llegaban tarde, lo que les obligaba a pagarlas.
Las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de dos consorcios encargados de colocar, manejar y administrar los radares también son investigadas por la Contraloría General del Estado, su máxima autoridad, Mauricio Torres, anunció el inicio de un examen especial a estos contratos.
Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, informó que a partir del jueves 5 de septiembre del 2024 dejaron de operar en el país 163 dispositivos adicionales, pertenecientes a 32 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y 1 mancomunidad.
En junio del 2024, cuando se hizo pública la queja ciudadana en contra de la colocación de estos aparatos, fueron sacados de operación 39 radares que fueron colocados en las provincias de Cañar, El Oro y Los Ríos. En total, saldrán de operación 302 equipos.
Ilegalidad en la colocación de los radares
Según explicó Andrade, estos 32 municipios tipo B, es decir que no tiene la facultad del control del tránsito, por lo que legalmente no tienen autorización para colocar radares, sin embargo, esto no les impidió firmar convenios para implementarlos, los que ahora deberán ser retirados o, si se decide mantenerlos, su fin solo será preventivo, no sancionatorio.
“Debido a la falta de control se instalaron 163 dispositivos pertenecientes a 32 GAD y 1 mancomunidad, dando un total de 302 dispositivos, sobre los cuales existen cuestionamientos sobre su educación y el sentido que debe imperar de estos equipos, el ser preventivos y no recaudatorios”, afirmó el director de la CTE.
La denuncia
La implementación de estos radares fue denunciada en junio pasado por el exasambleísta Galo Lara, quien inició una campaña en contra del uso de estos equipos.
Una vez que el Gobierno tomó la decisión de retirarlos, Lara se pronunció a favor de la decisión tomada y anunció que su nuevo objetivo ahora será recuperar el dinero recaudado, para que sea devuelto a los usuarios.
Adrián Castro, actual legislador en representación de la provincia del Azuay, dio a conocer, también en junio del 2024, las irregularidades en las que se habría incurrido en la contratación de los consorcios Ecutransit y Seviecu, encargadas de la colocación de los radares.
Según Castro, a estos consorcios se les entregó, en tiempo récord, un contrato por 12 años que les dejaba una ganancia de 1.000 millones de dólares anuales, de los que recibirán el 45%, mientras que la CTE se llevaba el 55% restante.
8 radares en Azuay
Entre los 32 municipios que ilegalmente colocaron radares en sus vías se encuentran dos del Azuay, se trata de Girón y Oña, en cada ciudad se pidió autorización para instalar cuatro equipos, es decir, ocho radares en total.
Según los registros de la CTE, en Girón se pidió la autorización para instalar cuatro radares, se firmó el convenio con el consorcio, pero todavía aparecen como no instalados; mientras que en Oña sí se colocaron los equipos, los que ahora deberán ser apagados.
Además, se deberán sacar de operación los radares de nueve municipios de Guayas, diez de Manabí, dos de Santa Elena, uno de Napo y uno de la provincia de El Oro; que se unen a los apagados previamente Cañar, El Oro y Los Ríos.
