Los gremios de abogados advierten con la presentación de acciones constitucionales en contra del Reglamento aprobado.
El 11 de septiembre del 2024, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó el Reglamento del concurso para designar a fiscal general del Estado, el presidente de este organismo, Andrés Fantoni, resaltó que la nueva norma impide que participen abogados vinculados con las mafias, pero, según expertos y gremios, la norma contiene una serie de inconstitucionales y está llena de medidas discriminatorias.
La primera observación que hacen los abogados es al artículo 22, numeral t, que excluye del concurso a quien haya ejercido la defensa judicial en causas relacionadas con más de 40 delitos, incluido narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, espionaje, trata de personas, entre otros; durante los últimos 10 años.
Para Ciro Guzmán, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenae), con esta disposición se excluirá a casi todos los abogados penalistas, lo cual es inconstitucional, pues se vulnera el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
“El libre ejercicio profesional le faculta al abogado defender a todos los casos lícitos, además, en Ecuador está consagrado el derecho de presunción de inocencia y a tener una defensa técnica, no se puede criminalizar el ejercicio profesional”, recalcó Guzmán.
Para Ljubica Fuentes, coordinadora del Observatorio Judicial de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, este artículo incluso vulnera los estándares internacionales, que prohíben que en un concurso, en este caso para elegir fiscal, se establezcan requisitos particulares, pues esto podría buscar favorecer a un candidato y se cae en subjetividades.
Anticipan acciones
Ante la gravedad de lo aprobado por el Cpccs, la Fenae se convocó para el martes 17 de septiembre a una directiva extraordinaria, en la que se tomarán acciones para echar abajo este reglamento, según informó su presidente, Paúl Ocaña, la primera medida incluye la presentación de acciones de protección, pues se está vulnerando el derecho al libre ejercicio profesional.
“Es cierto que se debe evitar la participación de abogados cooptados por el crimen organizado, pero no afectando a todos los que nos dedicamos al área penal; sino investigando el patrimonio de los participantes; el SRI, la UAFE y la Contraloría deben determinar quién recibió más de lo que honestamente debió ganar”, recalcó Ocaña.
La calificación de méritos
Otro de los temas observado por los expertos es la calificación de los méritos; en este aspecto el constitucionalista José Chalco considera un despropósito que por un título de maestría o especialidad se otorgue apenas dos puntos menos que por un doctorado PHD, irrespetando la distancia necesaria, pues el nivel de preparación es muy diferente.
En cuanto a la experiencia laboral, los expertos coinciden en que se busca favorecer a quienes se han desempeñado en el sector público, por encima de quienes han ejercido en el libre ejercicio profesional, pues se otorga dos puntos por cada cargo a quien haya sido fiscal, juez, defensor público o directivo.
“El reglamento está direccionado a beneficiar a alguien, solo cuando acabe el concurso sabremos exactamente a quien; pero por ahora es claro que quien ha sido fiscal tiene ventaja, por que es el único penalista, con la preparación requerida y que no ha defendido a los casos excluidos, porque el fiscal no defiende, sino que acusa”, recalcó Paúl Ocaña.
Puntos por acciones afirmativas
Además, los expertos también observaron los puntos que se otorgan por acción afirmativa, un participante puede llegar a acumular hasta 10 puntos por ser mujer; miembro de un pueblo o nacionalidad; por vivir en la zona rural, en la Amazonía, en Galápagos o en el exterior; por pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza, entre otros.
“La barbaridad que menos entiendo es que se da un punto por ser menor de 30 años, cuando el requisito para ser fiscal es tener 10 años de profesión, para cumplir el parámetro una persona debió graduarse de la escuela de derecho a los 20 años, ni siquiera se han dado cuenta de esos errores garrafales”, señaló José Chalco.
Según el Reglamento, se le otorgará un punto adicional a quien participe en el concurso y tenga menos de 30 años o más de 65 años; también se da este beneficio a una persona con discapacidad, con enfermedad catastrófica o que haya sido declarada héroe o heroína.
