La Comisión de Fiscalización investigó las razones por las que se produjo la crisis energética de abril del 2024.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre la crisis energética de abril del 2024, por la que los ecuatorianos llegaron a enfrentar cortes de hasta ocho horas; en el documento se establecen las fallas de los anteriores gobiernos y también del actual, cuya falta de acción ha desencadenado en una nueva crisis decretada desde el 15 de agosto del 2024.
Tras la investigación, la Comisión además estableció que los apagones de abril se produjeron por la sequía en el Austro y por el descuido del sector eléctrico, con lo que desmereció la versión de un complot, denunciado por el presidente Daniel Noboa, que por esta causa separó del cargo a su ministra de Energía, Andrea Arrobo, y la acusó penalmente.
El informe de 55 páginas fue aprobado en la Comisión de Fiscalización por cinco votos a favor y cuatro abstenciones; el jueves 19 de septiembre del 2024 debía ser tratado en el pleno, pero su análisis se pospuso y todavía no hay fecha para su debate.
Uno de los errores detectados fue el cometido por el expresidente Lenín Moreno, que el 6 de mayo del 2020 fusionó los ministerios de Hidrocarburos, Minas y Electricidad; según el informe, esto debilitó la institucionalidad, pues creó un ente excesivamente grande y administrativamente lento.
Advertencias sobre la posible crisis energética
Aunque los ministros de Energía, tanto del Gobierno de Guillermo Lasso, como los de Daniel Noboa, han recibido varias advertencias sobre la crisis hídrica (falta de lluvias) que el país estaba por enfrentar, en el 2023 y 2024, las acciones emprendidas han sido, en el primer caso, nulas, y en el segundo, insuficientes.
Por ejemplo, a Fernando Santos Alvite, exministro de Energía de Guillermo Lasso, se le envió, según señalaron funcionarios de las empresas de generación y distribución, al menos 12 oficios en los que se le advertía sobre el aumento de la demanda y la falta de energía, ante la cercanía de una sequía fuerte y prolongada, a los que hizo caso omiso.
La situación no fue distinta con las actuales autoridades, desde la crisis energética de abril se les advirtió que a partir de agosto volvería el estiaje y que era necesario conseguir, hasta máximo noviembre del 2024, 1080 megavatios (MW).
Desde la última advertencia, el Gobierno consiguió el alquiler de una barcaza que desde esta semana proporciona 100 MW; a esto se suma la intervención de Termogas Machala, logrando poner en funcionamiento varios equipos y dos turbinas, con una potencia efectiva de 65MW cada una.
Olvido del Plan Maestro de Electricidad
Mientras la demanda de energía ha crecido en los últimos años, desde el 2018 no se ha generado una sola inversión en el sector; la situación se agravó cuando en 2023 el uso de la luz creció exponencialmente, pasando de 4 % de promedio anual al 17 %.
Los últimos gobiernos, por falta de recursos, descuidaron el Plan Maestro de Electricidad (PME), en donde se establecieron 29 proyectos a construirse en un horizonte de tiempo de 10 años; una vez transcurrido más de la mitad de este tiempo, solo cinco proyectos están en operación comercial: San José de Minas, Chalpi Grande, Toachi Pilatón Central Sarapullo, Sabanilla; y el eólico Minas Huascachaca.
Los cinco proyectos que están en operación producen 432 GW/hora, esto representa apenas el 15,4% de los 2.822.86 GW/hora que debían estar en operación con los 11 proyectos planificados hasta el 2023. Es decir, se puede establecer que en los últimos 5 años ha existido un incumplimiento del 84,6% del PME.
Falta de inversión en termoeléctricas
Otra de las recomendaciones que se hicieron para evitar una crisis energética y fueron ignoradas por las autoridades fue la repotenciación del parque termoeléctrico que, según la exministra Andrea Arrobo tenía un costo de 180 millones y podría generar más de 600 MW en la época de estiaje; en lugar de eso, se compró energía a Colombia por 220 millones de dólares.
Aunque la producción de energía a través de termoeléctricas puede ser más costosa y contaminante, sobre todo si se usa diésel en lugar de gas, puede llegar a costar 30 centavos el kilovatio/hora, mientras que la hidroelectricidad vale 2 centavos; la energía que no se genera cuesta mucho más, se la calcula en 1,50 dólares.
Según un comunicado emitido este 19 de septiembre por la Secretaría de Comunicación, el actual Gobierno ofrece que hasta diciembre del 2024 contratará al menos 341 MW y planifica un segundo bloque de generación de hasta 1.020 MW, que incluyen el alquiler de varias barcazas que producirán 500 MW y generación en tierra de otros 520 MW.
