El reglamento para el concurso de fiscal general prohíbe la participación de abogados que hayan defendido al crimen organizado.
El juez Vicente Pico, de la Unidad Multicompetente del cantón Montecristi, en Manabí, aceptó la acción de protección presentada por el abogado Kenny Delgado, en contra del reglamento expedido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el concurso de selección de fiscal general del Estado, con lo que el proceso no podrá continuar hasta que se modifique el documento o hasta que se realice la audiencia del caso.
Según lo señaló el denunciante, sus derechos constitucionales fueron vulnerados al momento en que el Cpccs incluyó, entre las prohibiciones e inhabilidades del concurso, la imposibilidad de postularse a quien haya participado como defensor en causas relacionadas con delitos de crimen organizado, en cuya lista se incluye a más de 40 tipos de violaciones.
En la decisión del juez se establece que los efectos jurídicos del reglamento en mención quedan suspendidos hasta que el Cpccs lo modifique para garantizar el derecho de participación del accionante.
Esto también impide el avance del concurso para elegir fiscal general, para lo que el Cpccs cuenta con apenas siete meses, pues legalmente Diana Salazar terminará su período y deberá ser reemplazada en abril del 2025.
Solo si en la audiencia pública, en la que el juez escuchará a las partes, el Cpccs logra probar que no existe una vulneración de derechos, el reglamento podrá volver a ser usado tal y como está en este momento. La diligencia está prevista para el 29 de octubre próximo.
El Cpccs defiende su postura
El Cpccs, a través de un comunicado, defendió el reglamento aprobado e insistió en que es necesario impedir la participación de abogados que hayan defendido al crimen organizado.
“Expresa su rechazo contundente a un nuevo abuso de las garantías jurisdiccionales, esta vez en Montecristi, que tiene por propósito abrir la puerta del concurso de fiscal general del Estado al crimen organizado, el narcotráfico y las mafias”, recalcó el Cpccs.
Una acción esperada
Para Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenae), una acción como la presentada en contra del reglamento aprobado por el Cpccs era de esperarse, pues el documento está plagado de inconstitucionalidades que, tarde o temprano, iban a ser denunciadas.
“Existe una violación clara a la Constitución, porque el hecho de que un abogado defienda a una persona acusada de algo, no quiere decir que está inmerso en el delito, se está dando por hecho de que por defenderla está involucrado, eso es inconstitucional”, recalcó Ocaña.
Contrario a lo que el Cpccs señaló, a Ocaña no le parece que la acción de protección solicitada por el abogado Kenny Delgado sea un abuso de las garantías jurisdiccionales, pues cualquier persona, que sienta que se pretende vulnerar sus derechos, puede acudir a la justicia constitucional.
“Las medidas cautelares están contempladas en la Constitución y están para cuando existe el riesgo de vulneración de derechos y en este caso eso es evidente, así no existe ningún abuso”, afirmó el presidente de la Fenae.
La vigilancia debe ser ciudadana
Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, especializada en vigilar el correcto funcionamiento de los concursos para elegir autoridades, ve como negativo que a través de acciones legales se bloqueen estos procesos, pues se permite que personas interesadas impidan el avance de concursos tan importantes como el de fiscal general.
Sin embargo, para Mauricio Alarcón, director de la Fundación, el abuso de las acciones constitucionales, que ya es común en el país, no desestima el hecho de que el reglamento para elegir fiscal general es inconstitucional, al calificar como delincuentes a abogados que han defendido a involucrados en ciertos delitos.
“Si el objetivo es impedir que personas involucradas con el crimen organizado participen, la medida adecuada no es el bloquear la participación, sino potenciar el control social y la impugnación; si existe duda sobre un concursante, que la veeduría se debe encaragar de transparentar si se ha beneficiado de la delincuencia”. Afirmó Alarcón.
