Leonardo Amoroso, fiscal del Azuay, compartió que con mucha sorpresa le llegan invitaciones a su correo institucional para que invierta en captadoras ilegales de dinero, situación que es reprochada por la autoridad, y, a su vez, hace un llamado a que la ciudadanía no caiga en este tipo de estafas.
Acota que mucha gente incurre en esta situación, posiblemente llevada por la ambición, sin pensar que de por medio hay un hecho y causa ilícita, volviéndose un círculo vicioso.
Es que, como lo dijo, la persona que se involucra en este hecho debe llevar más gente para sostener el sistema piramidal que, tarde o temprano, terminará derrumbándose.
“Los primeros que ingresan van a coger réditos, pero los perjudicados son los que vienen después”.
Amoroso recomienda que en caso de que una persona se sienta perjudicada tendría que presentar la respectiva denuncia; pero antes de nada debería pensar bien antes de tomar una decisión de este tipo que literalmente podría dejarle en la calle.
Un perjuicio
Walter Villarroel, comandante de la Subzona de Policía del Azuay No 1, coincide que la captación ilegal de dinero es perjudicial para las personas que ciegamente confían en estos sistemas piramidales.
Por tal motivo, la Dirección General de Investigaciones ha articulado unidades especializadas a nivel nacional para contrarrestar estos ilícitos que son promocionados en diferentes espacios por dichas organizaciones antisociales, incluidos redes sociales.
Más allá de las indagaciones, Villarroel recuerda que tanto la persona que recibe como la que entrega el dinero forman parte de dichas redes delictivas, por lo que hizo un llamado a no participar en estas supuestas inversiones.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, en declaraciones a los medios de prensa, también se refirió sobre este caso concreto en el que están involucrados policías en servicio activo. “Estamos muy preocupados porque en el país se ha extendido estas estructuras financieras piramidales. Conozco que la Policía Nacional ha identificado dos funcionarios que constan en vídeos (donde se aprecia a los efectivos recibiendo dinero por la supuesta inversión que realizaron) y ha iniciado un proceso administrativo”, explicó.
También dijo estar sorprendido porque en estos vídeos se aprecia “fajos de billetes” con sellos de cooperativas, entre ellos el de la Cooperativa de la Policía Nacional.
También precisó que cerca de 300 policías confiaron en la captadora Big Money, con montos entre 15.000 y 20.000 dólares.
Sin embargo, aún no se tiene la certeza de cuántos uniformados están implicados con esta nueva estructura, pues están en investigaciones.
Otros casos
Leonardo Amoroso, fiscal del Azuay, recordó que ha habido varios casos de captación ilegal de dinero que quizás con el paso del tiempo han ido quedando en el olvido.
Uno de ellos representado por el notario José Cabrera, quien murió de un infarto en octubre de 2005, sembrando pánico entre las personas que le confiaron su dinero.
Recientemente sonó el caso del captador Miguel Nazareno o mejor conocido como “Don Naza”, quien fue encontrado muerto el 14 de abril, y días antes estuvo presente en las instalaciones del Ministerio de Defensa.
“Las investigaciones nos permiten asegurar que no hay estructuras dentro de las instituciones de Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Este es un delito común e indiscutiblemente hay personas involucradas que entregaron dinero y pretendían recuperarlo…Lo que puede existir son uniformados desde lo individual con o sin jerarquía…”.
Casi de inmediato saltó el caso del “Grupo Renacer”, manejado por alias “Don Marquito” y “Don Dieguito”. Las alarmas se encendieron cuando en redes sociales empezaron a circular vídeos de personas que habrían estado recibiendo los intereses de su “inversión”.
Azuay tampoco es ajena a estos hechos. En Gualaceo, cinco personas son procesadas por presunta captación ilegal de dinero. La detención se registró el 22 de febrero, mientras continúa instrucción fiscal hasta mayo.
La Fiscalía del Azuay, mediante un comunicado, detalló que se formuló cargos en contra de María Teresa P., Leonardo Esteban P., Carla Ximena A., César Alfonso A. y Amanda Beatriz J., por su presunta responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero.
Como medidas cautelares en contra de los procesados, el juez Edwin Regalado dictó orden de prohibición de salida del país y la presentación periódica tres veces por semana en Fiscalía.
Durante su participación en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Elizabeth Valarezo mencionó que los detenidos presuntamente integraban una organización delictiva, liderada por María Teresa P., que habría realizado captación ilegal de dinero, por cuanto no tenía autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), para realizar intermediación financiera.
Modalidad
Para convencer a las víctimas de ingresar al negocio, les ofrecían ganancias de entre el 15 y el 20 % del capital, mismas que eran entregadas de forma semanal, según información proporcionada por la Fiscalía del Azuay.
De acuerdo a la investigación, hasta el momento existirían más de veinte familias afectadas, que entregaron entre 30.000 y 220.000 dólares.
Para obtener el dinero, algunas víctimas vendieron terrenos y vehículos. Incluso, una de las procesadas, quien laboraba en una entidad financiera, facilitaba a las víctimas realizar créditos, con el objetivo de que puedan tener capital para entregar a esta agrupación.
Los cinco procesados fueron detenidos durante un operativo realizado en Gualaceo, en el que allanaron siete inmuebles en: Bulzhun, Zhiquil y en el centro cantonal.
En el inmueble de María Teresa P. se incautó documentación relacionada con ocho demandas por la vía civil, que realizaron las víctimas para lograr la devolución del dinero. Además se incautaron escrituras públicas, un talonario de cheques, computadoras, celulares y vehículos, que habrían sido utilizados para el cometimiento del delito, concluye el comunicado. (I)
El detalle
-El delito de captación ilegal de dinero está tipificado y sancionado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con privación de libertad de cinco a siete años.
La frase
“…Muchas de las muertes violentas que se están observando a nivel nacional, tienen que ver con la posibilidad de estos mecanismos de crédito, a presta diario, usura o piramidación”. Patricio Carrillo, ministro del Interior.
