La empresa japonesa Furukawa aplicó a miles de personas una especie de esclavitud moderna, en la que no tenían acceso a ningún derecho.
Pese a que la esclavitud en Ecuador fue abolida en 1852, en Furukawa, haciendas de propiedad de una empresa japonesa, se mantuvo como esclavos, por más de cinco décadas, a miles personas. La Corte Constitucional (CC) estableció la vulneración de los derechos de estos trabajadores.
Según la sentencia de la CC, Furukawa aplicó una especie de esclavitud moderna, conocida como servidumbre de la gleba , cuyo sistema consistía en mantener viviendo en sus haciendas a quienes se encargaban de cosechar el abacá (fibra para uso textil), en estos sitios no tenía agua, luz, instalaciones sanitarias, ni se les permitía el acceso a salud o educación.
Con el fin de dotar de una aparente legalidad a esta práctica, desde 2011 hasta 2019, la empresa utilizó contratos de arrendamiento suscritos con estas personas, que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.
La sentencia declaró que Furukawa violó la prohibición de la esclavitud en perjuicio de los abacaleros y arrendatarios de sus haciendas, anulando su dignidad humana; por lo que ordenó, como reparación integral, el pago de 41 millones de dólares por el daño inmaterial y material causado; así como disculpas públicas.
Responsabilidad del Estado
La CC declaró que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud no actuaron con celeridad a favor de las víctimas, pese a que desde por lo menos el 2018 conocieron la situación en la que se encontraban los abacaleros.
La Corte ordenó la emisión de una política pública interinstitucional, disculpas públicas, reformas legales dirigidas a evitar la impunidad de las empresas y eliminar las prácticas de esclavitud y otras formas precarias de trabajo agrícola, la creación de un documental sobre la servidumbre de la gleba y la declaración de un día de conmemoración de las víctimas de Furukawa.
Francisco Guerrero, abogado la empresa japonesa, rechazó que, aunque la CC reconoció la responsabilidad del Estado en este caso, las sanciones económicas solo se le impusieron al sector privado.
«Es peligroso que, a pesar de que la Corte Constitucional reconoce que muchos de estos problemas son atribuibles al Estado (…), a pesar de toda la responsabilidad que se le puede imputar, no le impone ni un centavo de indemnización, el 100 % de la indemnización se le impone al sector privado», afirmó Guerrero.
Las acciones legales
En este proceso se presentaron dos acciones de protección que pasaron a análisis de la CC, aunque, según el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, existirían al menos 15 procesos de este tipo que siguen en instancias inferiores.
En abril del 2021 el juez Carlos Vera, de la Unidad de la Niñez y la Familia del Santo Domingo, falló a favor de las víctimas, por lo que el exministro del Trabajo, Andrés Isch, pidió disculpas públicas.
Como medida de reparación a la vulneración de los derechos constitucionales se ordenó que se entreguen cinco hectáreas de tierra rural a los accionantes y que se les indemnice laboralmente; además, se responsabilizó al Estado por lo ocurrido.
También se le retiró a Hiroko Furukawa, apoderada de Furukawa, la condecoración “Miguel Márquez Vázquez», que el Ministerio del Trabajo le entregó en 2005, por sus servicios relevantes a favor del fortalecimiento del sector laboral del país.
Sin embargo, esta sentencia fue apelada por el Gobierno y Furukawa; lo jueces, aunque aceptaron la vulneración, descartaron la entrega de tierras y eximieron de cualquier responsabilidad a las entidades públicas.
La suerte que corrió inicialmente la segunda acción de protección fue aún peor, el juez de primera instancia la negó; los magistrados de la Corte Provincial de Santo Domingo ratificaron la negativa; tras lo cual fue remitida a la CC en enero del 2022 y resuelta, a favor de los trabajadores, el 5 de diciembre del año actual.
Relato de una pesadilla
Junto con los personeros de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), oenegé que auspició el proceso legal, los sobrevivientes de la explotación relataron lo vivido en Furukawa, a la que calificaron como un “monstruo”.
El relato de Daynis Ortiz fue clave para que los jueces entendieran cómo era la vida de una madre en las haciendas, donde no accedía a atención médica antes, durante y después del parto; tampoco podía enviar a sus hijos a estudiar, por las distancias que debían recorrer; la opción era que, apenas tuvieran edad para hacerlo, se pusieran a trabajar, junto con sus padres.
Como lo contó Segundo Ordóñez, muchos de sus compañeros sufrieron accidentes laborales, en ningún caso se les brindó atención médica, pese a que perdían extremidades, se desangraban, enfrentaban enfermedades graves. “Nos trataban como animales”, recalcó.
En la audiencia del caso, que se desarrolló en abril pasado, Furukawa en ningún momento negó las afirmaciones de las víctimas, por lo que lo que la Corte Constitucional las tomó como fiables y fueron la base para dictar sentencia.
- 1963 – 2019, en las haciendas de Furukawa, ubicadas en la vía Santo Domingo-Quevedo, se violaron los derechos a la libertad, al trabajo digno, a la igualdad, a la seguridad social, a la salud, a la educación y a la vida digna.
- 1.244 personas habrían sido esclavizadas en las haciendas de Furukawa, según un registro encontrado en 2019, sin embargo, solo un poco más de 300 recibirán la indemnización.
- 120 mil dólares deberá pagarle la empresa Furukawa a cada una de sus víctimas, por el daño inmaterial y material causado; también deben darles disculpas públicas.
