La jueza constitucional Tanya Loor Zambrano aceptó la acción de habeas corpus solicitada por los padres de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil el 8 de diciembre del 2024, y declaró la desaparición forzada, cuyo responsable de lo ocurrido es el Estado.
La magistrada además dispuso, como medidas de reparación integral, que el Estado realice los actos investigativos para dar con el paradero de los niños; que el Ministerio de Salud Pública dé atención psicológica a los menores, cuando sean ubicados, y a sus familiares.
También se deberá crear una comisión de cinco personas que trabajen en una investigación independiente a la que efectúa la Fiscalía General del Estado en este momento.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo debe crear un programa de capacitación a las Fuerzas Armadas, cuyos miembros son los responsables directos de la desaparición de los menores, sobre cómo tratar casos que involucran a niños y adolescentes.
Asimismo se debe elaborar un documental educativo que dé a conocer a la ciudadanía sus derechos humanos en un contexto de estado de excepción y los límites de participación de agentes estatales.
¿Qué implica la desaparición forzada?
Para Fernando Bastidas, del Comité de Derechos Humanos, que acompañó a los padres de los menores en la diligencia, recalcó que la decisión de la jueza es una muestra que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las Fuerzas Armadas, cuyos miembros serán procesados por una grave violación de Derechos Humanos.
“Judicialmente se ha reconocido la desaparición forzada de cuatro niños y que es responsabilidad del Estado lo que les ha pasado, que ahora tiene la obligación de encontrarlos y asegurar que esto nunca más vuelva a pasar”, explicó Bastidas.
¿Qué pasará con los militares?
El 24 de diciembre del 2024, horas antes de que se conozca la sentencia de la jueza constitucional, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, informó que el ministro, Giancarlo Loffredo, le dispuso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, poner bajo custodia militar a los 16 uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados en el caso conocido como «Los Cuatro de Guayaquil».
“Dicha custodia estará a cargo de oficiales y personal de Inteligencia, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga”, informó la institución.
En el marco de la audiencia de habeas corpus los representantes legales de las autoridades militares anticiparon que los 16 uniformados serán sancionados disciplinariamente, por haber dejado a los niños, como ellos lo afirman, 15 kilómetros lejos del sitio donde los detuvieron.
La Fiscalía General del Estado, a través de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, solicitó fecha y hora para formular cargos contra los 16 militares, por su presunta participación en la desaparición forzada de los cuatro menores de edad en Guayaquil.
La desaparición forzada, según el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) Art. 84, tiene una pena de prisión de 22 a 26 años; si las víctimas son varias o son niños, esto implica agravantes y la sentencia se puede incrementar.
Los niños no cometieron un delito
Durante la audiencia de habeas corpus, el fiscal del caso, Christian Fárez, recalcó que, contrario a lo que las autoridades, incluido el ministro de Defensa, habían manifestado, no existen pruebas de que Josué, Ismael, Steven o Saúl hayan sido encontrados realizando un acto ilícito al momento de su detención.
Sin embargo, el fiscal puntualizó que, si ese hubiera sido el caso, debió prevalecer el principio de interés superior del niño y adolescente, por lo que los menores debieron ser llevados a custodia del Servicio Nacional del Adolescentes Infractores y no a una base militar.
A esto se suma lo que recalcó Mónica Luzarraga, quien participó en calidad de amicus curiae en la diligencia, Saúl cuenta con apenas 11 años, por lo que es absolutamente inimputable, es decir, no cuenta con la edad mínima de 14 años para ser procesado.
- El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU dictó medidas de acción urgente en este caso, demandó la búsqueda inmediata de los niños.
- 7 de enero del 2025 vence el plazo que el Comité de la ONU le dio al Gobierno de Daniel Noboa para que informe sobre las medidas que se adoptaron para localizar a los cuatro niños.
- 16 miembros de la FAE serán procesados por la desaparición forzada de Ismael, Steven, Saúl y Josué, de entre 11 y 15 años, que el 8 de diciembre fueron detenidos por una patrulla militar.
