El 26 de noviembre del 2024 el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 21 personas por el delito de delincuencia organizada, en el caso conocido como Metástasis, por su participación en la estructura delictiva integrada por policías, jueces, funcionarios judiciales y penitenciarios.
Todos, en distintas instancias, trabajaron para el fallecido narcotraficante Leandro Norero, con el fin de que él y su familia evadieran a la justicia y vivieran como reyes en la prisión.
Aunque el caso Metástasis arrancó con 52 investigados, 8 de estos están prófugos y no pudieron ser juzgados en ausencia; 10 fueron quedaron fuera del proceso porque no se les encontró pruebas y para Armando Flor se suspendió el juzgamiento hasta que se acabe la campaña electoral, pues es candidato a asambleísta.
Además, 12 personas fueron sentenciadas por procedimiento abreviado: se declararon culpables, colaboraron con la justicia y recibieron por eso penas menores; entre estas Mayra Salazar, funcionaria de la Corte Provincial del Guayas, nexo entre los funcionarios y Norero; fue además quien aportó con más información para sentenciar a otros procesados, no solo de este caso.
Los cabecillas de la banda
Dentro de la estructura criminal del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado estableció la existencia de cuatro cabecillas: Cristian Romero, abogado de Norero; Fabian Camposano, operador del narcotraficante; y Xavier Jordán, quien manejaba sus negocios y era su operador político; los tres están prófugos; solo se juzgó con 10 años de prisión como autor directo a Xavier Novillo, alias Nobita, también abogado.
Estas cuatro personas se encargaban de sobornar a quien hiciera falta para que Norero y su familia vivan con todas las comodidades en la cárcel y que consigan fallos favorables para su libertad; además, mantenían sus negocios en marcha.
Los más mediáticos del caso Metástasis
Entre las 20 personas sentenciadas en el caso Metástasis como colaboradores del delito están Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional de Justicia; el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga; y el exdirector del Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez; todos recibieron nueve años y cuatro meses de cárcel.
Norero llegó incluso a pagar con bienes a la colombiana Claudia Garzón, quien participó en el Comité de Pacificación de las Cárceles durante el Gobierno de Guillermo Lasso, cuyo papel era recobrar la tranquilidad tras las matanzas en las prisiones del país; pero, en su lugar, creó amistad y trabajó para beneficiar a Leandro Norero.
También fueron procesados nueve jueces de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo; nueve policías, cuatro fiscales y siete abogados en libre ejercicio.
ANÁLISIS
Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados
Lo revelado por el caso Metástasis, para el directivo de los abogados en libre ejercicio fue un tema que, aunque causó asombro por su nivel de alcance, tampoco significó una gran sorpresa, pues entre los juristas circulaban quienes, sin presentar un alegato adecuado y sin pruebas, conseguían sentencias a favor y mantenían un nivel económico que no correspondía a su profesión.
“En este caso hay varias responsabilidades, en primer lugar, del Consejo de la Judicatura, que cada dos años debería evaluar a los funcionarios judiciales y no lo hace; también está la Contraloría y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero), que tienen que verificar que mantengan un nivel económico acorde a los ingresos que reciben, pero tampoco lo hacen”, recalcó Paúl Ocaña.
Para el presidente de la Federación Nacional de Abogados, el origen del problema está en la conformación del Consejo de la Judicatura, organismo encargado de evaluar a los funcionarios judiciales, que desde hace más de 15 años se integra con delegados de las funciones del Estado.
“No se puede conformar el Consejo de la Judicatura con representantes de entidades políticas, como el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, porque eso politiza la justicia, en su lugar deberían estar los abogados en libre ejercicio y la academia, que sí van a significar un aporte”, puntualizó Ocaña.
Los casos alternos
El caso Metástasis desencadenó en al menos dos casos más: Purga y Plaga, en los que también estuvieron involucrados políticos, jueces, funcionarios, policías y abogados, quienes a cambio de coimas millonarias trabajaban a favor del mejor postor.
Los 23 vinculados en el caso Purga operaron en la Corte Provincial del Guayas; la cúpula estaba integrada por Pablo Muentes, asambleísta del Partido Social Cristiano; Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte y Johan Merfertán, juez.
Juntos manejaban una red delincuencial que lograba, con presión o el pago de dinero, resoluciones judiciales favorables; uno de los principales beneficiados fue Muentes, que, a través de una sentencia, dejó de pagar un préstamo al Banco del Pacífico por 314 mil dólares y consiguió que la entidad bancaria le indemnice por 4 millones de dólares.
Mientras, el caso Plaga involucra a jueces, funcionarios, policías y abogados de todo el país, quienes se especializaban en lograr la libertad de los prisioneros, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones, por las que cobraban sumas millonarias.
Concurso fallido de jueces
La detención por el caso Metástasis encontró a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, justo en medio de otro escándalo provocado por las acciones irregulares que llevó adelante en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia.
El concurso, en enero del 2024, fue declarado nulo, debido a que se conoció las artimañas que Terán y sus asesores habían ejecutado para direccionar el proceso, para que sea ganado por quienes pagaron por un cargo o por sus aliados.
Aunque el concurso se retomó con un nuevo presidente de la Judicatura a la cabeza: Mario Godoy; la suerte que corrió el proceso no fue distinta, el 21 de noviembre nuevamente se lo declaró nulo.
La Judicatura informó que se tomó esa medida por “la magnitud de anomalías insanables detectadas en las calificaciones otorgadas en la fase de Méritos” del concurso.
En un análisis que se le realizó a 35 carpetas, elegidas aleatoriamente, se determinó que en 17 casos existieron inconsistencias; de los 50 puntos que se podían obtener en esta fase, a algunos candidatos les dieron hasta 26 puntos sin merecerlos.
Además, la empresa Métricas, que realizó el examen de confianza, fue señalada por no efectuar bien el proceso y porque su procedencia estaría plagada de irregularidades.
El caso más reciente
El 23 de diciembre del 2024, tras emitir su fallo sobre la acción de protección solicitada por Verónica Abad, en contra del sumario administrativo con el que se la suspendió, la jueza Nubia Vera informó sobre las presiones que recibió para fallar en contra de la vicepresidenta de la República.
“He sido coaccionada, amenazada y amedrentada por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el director provincial Henry Gaybor y el asesor Jorge Carrillo amenazándome, que me van a destituir si es que yo fallo contrario”, señaló Vera, quien informó que incluso le entregaron redactada la sentencia que debía emitir.
Aunque Godoy negó la acusación de la jueza, la Fiscalía General del Estado inició una indagación en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, quien en respuesta denunció penalmente a la magistrada, por calumnia.
Tras conocerse esta denuncia, se recordó la forma en que Godoy llegó a la Judicatura: pues, pese a ser señalado por defender a narcotraficantes a nivel internacional, se impuso su nombramiento después de que la cuencana y catedrática Dunia Martínez ya había sido elegida.
Cuñado de Lasso sentenciado
Aunque el delito se perpetró en años anteriores, fue el 20 de noviembre del 2024 cuando se conoció la sentencia en contra de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, a quien se le dio 10 años de prisión por haber liderado una red de corrupción que funcionó en el sector público, principalmente en las empresas estatales.
Según lo determinó la Fiscalía General del Estado, Carrera y Antonio Icaza exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), quien fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión; obtuvieron réditos económicos indebidos, valiéndose de su posición cercana al entonces primer mandatario.
Pese a que en este caso fueron procesadas siete personas, solo se sentenció a dos, el resto están prófugas, entre estas Hernán Luque Lecaro, exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), quien una vez que el tema se hizo público, en enero del 2023, huyó del país y un año después, en febrero del 2024, fue localizado en Argentina, país desde el cual no ha sido extraditado.
Además, uno de los operadores en este caso, Rubén Cherres, fua asesinado en abril del 2023.
El caso Encuentro fue uno de los detonantes para el juicio político en contra del expresidente Lasso, que desembocó en la aplicación de la muerte cruzada, tras lo cual él y los asambleístas se fueron a su casa.
