El 8 de enero, para los defensores de Derechos Humanos y para los familiares de personas desaparecidas en Ecuador, fue una fecha de doble conmemoración; el 8 de enero de 1988, hace 37 años, se perdió el rastro de Santiago y Andrés Restrepo; mientras que el 8 de diciembre del 2024, hace un mes, desaparecieron Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los cuatro niños del caso Malvinas.
En Quito se realizaron varios eventos en memoria de estos seis menores que desaparecieron, con 37 años de diferencia, después de que estuvieron en manos de miembros de la fuerza pública, sin embargo, la cantidad de personas desaparecidas en el país se cuenta por miles.
Denuncias por personas desaparecidas
Según los últimos datos que la Fiscalía General del Estado le entregó a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), hasta mediados de noviembre del 2024 hubo 5.700 denuncias de personas desaparecidas, 784 entraron a investigación y 616 de estas personas fueron encontradas muertas.
Sin embargo, el número es menor al del 2023, cuando se produjeron más de 7.000 denuncias por la desaparición de personas, 730 entraron a investigación y 403 fallecieron.
“Si sumamos el 2023 y el 2024, son más de 1.500 personas que desaparecieron en el país y cuyos casos se siguen investigando, exigimos al Estado ecuatoriano que nos entreguen a nuestros desaparecidos”, afirmó Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.
Rueda es una de las fundadoras de Asfadec, organización que se conformó en el 2012, tras la desaparición de la joven Carolina Garzón, cuyo padre llegó desde Colombia para buscarla, sin que hasta el momento se la haya localizado, pese a que el Gobierno de ese entonces ofreció una recompensa por información sobre este caso.
Lidia Rueda tiene su propia historia, su prima fue vista por última vez cuando salió de su casa, rumbo a su último control de embarazo; desde entonces han pasado 50 años, pese a lo cual la sigue buscando. El 8 de enero del 2025 participó en el plantón que Asfadec realizó en los exteriores del palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
El regreso del pasado
En el evento conmemorativo por el aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo, que se realizó en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, estuvo presente Pavel Égüez, autor del mural que rodea esta edificación, para quien, lamentablemente, lo retratado hace más de tres décadas sigue ocurriendo en el país y una muestra de esto es lo que pasó con los cuatro niños del caso Malvinas.
“A 37 años de estos acontecimientos volvemos a sufrir los ecuatorianos una desaparición forzosa, los gobiernos que las ocasionaron se quedarán en la memoria del pueblo ecuatoriano”, afirmó Égüez.
El mural en contra de la represión que se vivió entre 1984 y 1988 fue pintado como medida de reparación dispuesta por la Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones de Derechos Humanos que se produjeron en esta etapa del país.
Personas desaparecidas sin respuesta
Juan Villaruel es el padre de Josué Villaruel, un adolescente de 17 años que el 15 de diciembre del 2021 desapareció en el sur de Quito, desde entonces su familia ha enfrentado un problema recurrente entre quienes buscan a sus seres queridos: la falta de eficacia de los encargados de dar con su paradero.
“El 15 de diciembre mi hijo cumplió tres años de desaparecido y la Fiscalía y la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro) han hecho poco por encontrarlo; hasta el momento ni siquiera tienen una hipótesis de lo que pasó; constantemente nos cambian de fiscales y cada agente tiene más de 20 casos por investigar”, afirmó Juan Villaruel, quien ayer se unió al plantón de Asfadec.
Las desapariciones forzadas
En la audiencia de hábeas corpus solicitada por los familiares de los niños del caso Malvinas, la jueza del caso estableció que lo sucedido se trató de una desaparición forzada, por la que son investigados 16 militares.
Desde el 2014 y hasta noviembre del 2024, la Fiscalía General del Estado ha registrado 146 denuncias por desaparición forzada, 78 de estas han sido archivadas, por solicitud o aceptación; el resto, incluso unas que datan de hace 10 años, siguen en investigación previa.
Las provincias con mayor número de denuncias por este delito son: El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15); en Azuay se han registrado 5 casos de este tipo, el más reciente el 14 de mayo del 2023.
Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas por parte de agentes del Estado, militares o policías; el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de hasta 26 años por el cometimiento de este delito. (I)
