Corte ratifica que Verónica Abad no podía ser suspendida con sumario

La Corte Constitucional aclaró que a un dignatario de elección popular no se le puede aplicar una sanción administrativa.

El pleno de la Corte Constitucional (CC) declaró como inconstitucional el Acuerdo Ministerial MDT-SSCRSSP-DRSASP-SAPE-2024-001 (0868), con el que se suspendió a Verónica Abad por 150 días.

Además, se excluyó de forma definitiva a los funcionarios de elección popular de la aplicación de un sumario administrativo.

La CC respondió así la consulta realizada por la sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, realizada dentro del proceso de acción de protección iniciado por Verónica Abad.

Según la Corte, los artículos 2, 4, 54 y 56 del Acuerdo Ministerial son incompatibles con el derecho al debido proceso, en la garantía de ser juzgado por una autoridad competente, pues a un vicepresidente de la República no se le puede cesar en funciones con procedimientos administrativos.

Las causales para la cesación de funciones y de destitución de un vicepresidente, aclara la Corte, están establecidas en el artículo 145 de la Constitución: por terminación del período, por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional y por destitución.

Además, se deja claro que las causales de ausencia temporal del presidente y vicepresidente de la República están taxativas (específicas) en la Constitución, entre las cuales no se incluye a los procedimientos sumarios administrativos.

El Acuerdo Ministerial también sería Incompatible con el artículo 61 numeral 1 de la Constitución, que reconoce el derecho a elegir y ser elegido, y que las autoridades administrativas no tienen la competencia para limitar este derecho a través de inhabilitaciones, suspensiones o destituciones de funcionarios públicos de elección popular.

La decisión fue adoptada por la mayoría del Pleno de la Corte, con los votos salvados de las juezas Carmen Corral, Teresa Nuques y del juez Enrique Herrería. (I)

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Andrea Salazar

Periodista multimedia especializada en temas políticos, judiciales, económicos y de migración con enfoque nacional.

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