Esta es la última entrega de una edición especial dedicada a presentar las propuestas de las 18 listas de candidatos a asambleístas por Azuay para las Elecciones Generales 2025, que serán este domingo 9 de febrero.
En este espacio se han analizado planteamientos relacionados con temas clave como seguridad, empleo, minería, descentralización y lucha contra la corrupción, asuntos que generan gran preocupación en la ciudadanía.
Estefanía Vintimilla, exdirectora financiera del Municipio de Cuenca, encabeza la lista de candidatos a legisladores por Azuay de la alianza Súmate para Transformar la Provincia.
Esta coalición está conformada por el partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA) (Lista 23) y el movimiento Renovación (Lista 63). Mientras el primero tiene alcance nacional, el segundo opera a nivel provincial.
Seguridad
Respecto a la seguridad, esta alianza en su plan de trabajo propone el fortalecimiento de la seguridad fronteriza mediante el uso de vigilancia tecnológica, incluyendo drones, cámaras avanzadas y radares.
Además, plantea trabajar en colaboración con países vecinos, como Colombia y Perú, para facilitar el intercambio de inteligencia, realizar patrullajes conjuntos y coordinar esfuerzos contra el narcotráfico.
Asimismo, considera que el Estado debe garantizar entornos libres de violencia y delincuencia a través de políticas sólidas, además de proporcionar herramientas suficientes a las instituciones de justicia y seguridad.
Empleo
Sobre empleo, la alianza subraya la importancia de promover un entorno que incentive la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo. Para ello, propone reducir barreras comerciales y ofrecer estímulos tributarios.
También considera fundamental desarrollar políticas públicas que fortalezcan las actividades productivas, estimulen las vocaciones regionales y aseguren el uso eficiente de los recursos.
Asimismo, sugiere crear un marco macroeconómico estable que fomente la confianza empresarial, facilite el acceso a mercados internacionales y promueva la innovación tecnológica.
Para combatir la informalidad laboral, la propuesta incluye apoyar al sector privado y complementar estas acciones con programas de capacitación y acceso igualitario a oportunidades económicas.
Minería y descentralización
Sobre minería, esta alianza apuesta por fortalecer la fiscalización para garantizar que las actividades cumplan con las regulaciones ambientales y sociales.
Además, señala que la minería debe alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y adoptar tecnologías limpias y procesos eficientes para prevenir contaminación.
En el área de descentralización, el plan de trabajo propone transferir competencias a los gobiernos locales, fortaleciendo su capacidad para atender necesidades específicas.
También sugiere otorgar mayor autonomía a estos gobiernos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y permitirles participar en decisiones que afecten a sus comunidades.
Asimismo, subraya la necesidad de diseñar políticas públicas que distribuyan los recursos de manera equitativa entre las regiones, promoviendo así un desarrollo integral.
Además, resalta que la descentralización debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los gobiernos locales operen con eficiencia y ética.
Corrupción
Sobre corrupción, la alianza propone incorporar mecanismos de auditoría robustos y sistemas de control integrales para articular las entidades de supervisión y fomentar la transparencia gubernamental.
Plantea el uso de tecnologías para implementar sistemas digitales y de gobierno electrónico que permitan un mayor control y trazabilidad en los procesos administrativos.
La rendición de cuentas periódica y pública es otro eje fundamental de su propuesta, con el objetivo de garantizar que las entidades estatales cumplan con sus objetivos y usen los recursos asignados de manera eficiente.
Finalmente, destacan la importancia de fomentar alianzas con instituciones educativas y expertos en control gubernamental para fortalecer la lucha contra la corrupción. También consideran esencial involucrar a la academia en capacitaciones, lo que contribuiría a mejorar la prevención en la gestión pública.
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